En cinco autos separados el juez determina que esta empresa creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares y en la que intermediaron funcionarios de la administración pública. Los procesados crearon además una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa, para entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.
La operación se compone de cinco piezas: la relativa a delegaciones territoriales y administraciones locales y que implica a funcionarios de de la Diputación de Sevilla, Jaén y Córdoba, la denominada 'Administraciones Autonómicas e Insulares' desarrollada en Canarias, Extremadura y Andalucía, la relativa a ADIF, una cuarta en la que se investiga el Ayuntamiento de Algeciras y una última relacionada con el Consistorio sevillano.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional procesa a un 66 personas por los delito de prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.
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