P-Amnistía Internacional ha advertido a los diputados que en España están en peligro la libertad de información, el derecho de reunión y de expresión ¿Por qué decís esto? ¿No estáis exagerando un poco?
Peligran, porque la ley amplía los poderes de las fuerzas y cuerpos de seguridad sin prever garantías ni mecanismos de supervisión de la actuación policial, y porque introduce infracciones que afectarán al ejercicio de estos derechos.
La ley limita las posibilidades de grabar a las fuerzas de seguridad al sancionar la difusión no autorizada de imágenes” que puedan poner en peligro una operación policial. Está por ver qué se entiende la “difusión no autorizada de imágenes” o qué se entiende como “peligro para una operación policial. Amnistía Internacional entiende que tales términos ambiguos, sin mecanismos de control, pueden socavar derechos como la libertad de información.
De la misma manera, la ley establece limitaciones a los lugares donde pueden celebrarse reuniones o manifestaciones, como el Congreso, el Senado o Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, o infraestructuras de telecomunicaciones.
Desde el punto de vista del derecho internacional, las limitaciones generales a los lugares dónde pueden celebrarse reuniones y manifestaciones son difícilmente justificables; al contrario, la legislación debe permitir y facilitar que las reuniones, mientras sean pacíficas, puedan celebradas en lugares donde sean vistas y oídas.
P-¿Por qué se hace esta ley? ¿Es la seguridad de los ciudadanos lo que preocupa o la seguridad del poder?
Según datos facilitados por el Ministerio del Interior, en 2013, de las 33.124 manifestaciones o concentraciones controladas por las Fuerzas de Seguridad, solo hubo disturbios en 323, lo que supone el 0,97%. Por lo que se refiere a datos del 2014, a 31 de marzo, de las 10.837 manifestaciones o concentraciones celebradas, hubo disturbios en 62, lo que supone el 0,57% de los casos.
En la Macroencuesta del CIS sobre la percepción de los problemas que existen actualmente en España, en julio de 2014, solo el 2,5% de la población identificada como problema la inseguridad ciudadana.
Por lo tanto no había ni una necesidad ni una demanda social para introducir nuevas infracciones en la Ley de Seguridad Ciudadana, que además son infracciones que pueden poner en riesgo el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión, expresión e información.
P-¿Y entonces por qué se hace? ¿Los tribunales estaban siendo demasiado blandos con las protestas ciudadanas, con los escraches, con los pitidos a los políticos?
La justificación del Gobierno no puede ocultar que el Proyecto amplía la actividad punitiva de la administración, ya que el número de infracciones pasa de 27 a 47. De estas, nueve infracciones proceden del Código Penal y pasan al ámbito administrativo sancionador, pero 21 son de nueva creación.
En la práctica, el traslado de estas faltas del Código Penal a la Ley de Seguridad Ciudadana implica que algunas conductas estarán sujetas a sanciones más severas que las que se impondrían en virtud del Código Penal.
Los tribunales han reconocido, por ejemplo, que los “escraches” son ejercicios legítimos del derecho a la libertad de expresión, han desestimado cargos contra los organizadores de la manifestación celebrada el 25S de 2012, al constatar que el "delito contra las altas instituciones del Estado" aducido por el Ministerio del Interior no era tal, o han reafirmado que está permitido grabar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones.
Es preocupante que en un contexto de protesta social contra las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno, medidas que en muchos casos han supuesto un recorte de derechos, las autoridades opten por limitar la protesta social y aumentar el poder sancionador de la administración.
Por ello esta reforma va en el sentido equivocado: porque en lugar de facilitar la protesta social y la transparencia y la creación de mecanismos independientes de supervisión de la actividad policial, la limita y amplía los poderes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y la discrecionalidad de la administración.”
P-¿En opinión de Amnesty International cuáles son los puntos más preocupantes de esta Ley?
1.- El aumento de los poderes de las fuerzas y cuerpos de seguridad sin mecanismos independientes de supervisión de la actividad policiales
2.- El aumento de la potestad sancionadora de la administración y la disminución de las garantías de los ciudadanos a la hora de defender sus derechos frente a la administración.
“En el procedimiento administrativo, a diferencia del procedimiento penal, la administración tiene una posición preponderante. Existe presunción de veracidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad y la administración es juez y parte. Los ciudadanos pueden recurrir, pero verán impuesta primero una sanción, y luego pueden recurrir ante los tribunales contenciosos administrativos, pero deberán pagar tasas.”
3.- Infracciones que afectan y limitan el derecho de reunión pacífica.
“Se sanciona la celebración de reuniones ante el Congreso, Senado, Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas, o en infraestructuras que presenten servicios básicos o en sus inmediaciones.
Se sanciona la falta de notificación de una reunión, aunque esta pueda ser una reunión espontánea y pacífica.”
4- Infracciones que afectan y limitan el derecho a la libertad de expresión.
“Se sancionan las “faltas de respeto” a las fuerzas y cuerpos de seguridad en el contexto de una reunión o manifestación. “Faltas de respeto” es un concepto amplio y jurídicamente indeterminado, susceptible de diversas interpretaciones. Esta infracción puede acabar sancionando sancionar críticas legítimas a los funcionarios públicos.”
5.- Infracciones que afectan y limitan el derecho a la libertad de información.
“Se limitan las posibilidades de grabar a las fuerzas de seguridad al sancionar la “difusión no autorizada de imágenes” que puedan poner en peligro una operación policial. Está por ver qué se entiende la “difusión no autorizada de imágenes” o qué se entiende como “peligro para una operación policial”.
P-¿Cuando termine la discusión en la Comisión de Interior y la ley de Seguridad ciudadana pase los trámites correspondientes y finalmente como todo parece será aprobada, cómo será la vida de los ciudadanos en España?
“Más insegura, puesto que aumenta el poder discrecional de la Policía”.