Pretende que el Ministerio Público inste a la Audiencia Nacional a la apertura de un procedimiento, por tratarse de delitos contra las instituciones del Estado, y la considera "inductora y cooperadora necesaria" en los delitos denunciados.
El sindicato afirma que no trata de criminalizar a la plataforma, si bien estima que, cuando sus acciones "inciden en ilícitos penales, no pueden quedar impunes bajo pretexto de que se criminalizan sus acciones".
El escrito que se ha hecho llegar a Eduardo Torres-Dulce cita como precedente las diligencias que se instruye el juez Eloy Velasco por el acoso a los diputados del Parlament en julio de 2011.
Para Manos Limpias, "es público y notorio" que en toda España hay 'escraches' protagonizados por PAH en domicilios de representantes de la soberanía nacional, y que superan con creces el derecho a la libertad de expresión y manifestación.
Añade que "existe un cauce legal que se utilizó por la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca, a través de lo que se conoce como iniciativa popular (más de 1 millón de firmas) y que se encuentra en una fase de estudio por parte de los diversos grupos parlamentarios", y que, como apoyo al mismo, se están ahora utilizando unos mecanismos que a juicio del sindicato denunciante inciden en unos presuntos delitos de amenazas y coacciones.
Para los denunciantes, la programación y planificación de estos mecanismos de acoso, intimidación a los representantes de la soberanía nacional la viene efectuando su máxima dirigente, que es Colau, y está acreditado que sus intervenciones en medios de comunicación están marcando las líneas de actuación en los hechos denunciados.
El escrito redunda en que el comportamiento de Colau "entra en permanente confrontación tanto como con la convención de los derechos del niño, como en la declaración de los derechos del niño, ya que gran parte de las víctimas colaterales son los menores que han contemplado, viven y sufren los ataques sufridos en el domicilio de sus padres".
Añade que, "a mayor abundamiento de prueba", en la página web de la plataforma y en las redes sociales, la denunciada aparece como la inductora y cooperadora necesaria en los presuntos delitos de coacciones y amenazas; y que se está produciendo un ataque a una de las instituciones básicas del sistema constitucional y democrático, como es el poder legislativo y a altas autoridades del Estado, como es el caso de la vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dice la denuncia.
Consideran igualmente que, a tenor de lo preceptuado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia de la investigación de estos hechos corresponde a la Audiencia Nacional.