En la memoria anual, relativa al año 2015, del Ministerio Público, que ha sido presentada este martes en el acto de Apertura del Año Judicial, se destaca que es necesaria hacer "pequeños ajustes" en el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la utilización de dispositivos electrónicos en investigaciones policiales.
El objetivo de esta propuesta es "agilizar" el desarrollo de investigaciones penales, que en la actualidad, en su opinión, están siendo "entorpecidas", ya que la utilización de medios técnicos y electrónicos para el seguimiento y localización de investigados en tramas de delincuencia organizada como la corrupción o el tráfico de drogas tienen que ser autorizados por los jueces de instrucción.
Según Fiscalía, esta situación es "poco acorde" al sistema procesal, ya que la mayoría de las investigaciones la inician fiscales. Por tanto, el Ministerio Público pide que sean ellos los que también puedan autorizar el empleo de estos medios.
Para el Ministerio Fiscal, "una de las mayores ventajas" de conocer la investigación desde el principio y "controlar" las grabaciones a investigados es propiciar al magistrado una investigación "suficientemente fundamentada". Además, señala que esta medida "potenciaría igualmente el protagonismo" del Ministerio Público en la cooperación judicial internacional al no tener que remitir un expediente a los órganos judiciales o solicitar comisiones rogatorias pasivas.