"Es una persona que ya no pertenece al Ayuntamiento de Madrid y que no está cubierto, según dice asesoría jurídica, para la prestación de servicios jurídicos", ha declarado el delegado al ser preguntado por la prensa al término de la primera sesión de la comisión de investigación de la M-30.
Su opinión, desde el punto de vista político y ético, es que está "fuera de lugar" que el Ayuntamiento tenga que abonar ese tipo de facturas "a representantes que tampoco quieren venir de manera reiterada a las comisiones de investigación".