El caso de esta joven que paseaba junto al estadio Vicente Calderón no ha dejado iniferente a casi nadie. El pasado 22 de mayo, dos agentes quisieron ver una ofensa a las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado en el dibujo de su bolso. Por ello, la apercibieron de sanción aunque posteriormente esta fue archivada.
Pero su caso no es el único que salta a la opinión pública a través de las redes sociales. En Salamanca, el concejal y diputado de Ganemos Salamanca, Gabriel de la Mora, fue investigado tras colgar en sus cuentas sociales versiones de actuaciones policiales en el transcurso de una detención familiar calificada de “polémica”.
También la publicación de imágenes de agentes ha sido objeto de sanciones aunque estas hayan sido consecuencia de informaciones en medios de comunicación. El periodista navarro, Axier López, fue multado el pasado mes de abril por colgar un mes antes en su cuenta de Twitter la foto de una actuación policial en Eibar sin ocultar los rostros de los agentes y sin contar con la pertinente autorización.
En Cádiz, su alcalde, José María González ‘Kichi’, sufre las consecuencias de una Ley contra la que clama. Un ciudadano ha sido denunciado desde instancias municipales tras publicar en Internet un vídeo con una intervención de la Policía Local.
Los periodistas no solo sufren el acoso policial cuando difunden imágenes que, presuntamente, ponen en peligro la seguridad de los agentes, como vagamente recoge la Ley. También lo son en el normal ejercicio de su profesión. El pasado 20 de febrero, Mercè Alcocer, de Catalunya Ràdio, fue multada con 601 euros por saltarse un imaginaria línea roja fijada por la policía en torno a la Audiencia Nacional en su intento de acceder al abogado de Jordi Pujol.
Pero los ciudadanos también son víctimas cotidianas cuando no se muestran dóciles con el poder o expresan su rabia contra el sistema y sus instrumentos. En Cantabria, su Delegación del Gobierno parece haber tomado la delantera en la aplicación a rajatabla de las sanciones recogidas en la Ley Mordaza.
La Asamblea regional ha convocado a su representante para que explique el por qué de este celo represor que han sufrido en carne propia, por ejemplo, los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, apercibidos de sanción tras ocupar una oficina de Kutxabank en la capital cántabra.
Este mismo colectivo acusa al representante gubernativo de haberse convertido en "líder indiscutible" en multas de España, con 554 por cada 100.000 habitantes en 7 meses, doblando a la segunda comunidad con mayor número de multas en porcentaje.