Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, cuando ha anunciado una "batalla jurídica y política muy fuerte" con este asunto porque --ha argumentado-- Andalucía "no va a aceptar que se juegue con los intereses de los ciudadanos por la torpeza y la actuación negligente del Gobierno".
"Si es su error, que lo pague el Gobierno", ha dicho Vázquez, al considerar que el denominado Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) se ha incorporado al ordenamiento jurídico nacional "mal y tarde", lo que ha supuesto que las directrices enviadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a las comunidades autónomas han sido "incorrectas" en cuanto a la superficie admisible para pastos y, por ello, la UE ha multado a España.
Concretamente, la sanción de Bruselas se debe a que el Gobierno traspasó a la normativa estatal, de forma tardía e inadecuada, el coeficiente reductor que determina las superficies admisibles de pastos excluyendo terrenos no productivos como los formados por rocas o matorral denso.
Vázquez ha recalcado que las comunidades han hecho "lo que ha marcado el Ministerio", por lo que ahora no van a "pagar los platos rotos" de un "fallo" del Gobierno y ha exigido con "contundencia y firmeza" que el Ministerio "asuma la totalidad de la sanción". Vázquez ha recordado, asimismo, que "todas" las organizaciones agrarias, Asaja, Coag y UPA, y las cooperativas agroalimentarias, ya han mostrado su apoyo al recurso que va a interponer la Junta ante el TSJA.
El portavoz, que ve en este caso cierta similitud con el de los estibadores, por ser una "directriz que el Gobierno ha aplicado mal y tarde", ha recordado que el acuerdo de "desviar" el pago de esa multa a los presupuestos de las comunidades fue adoptado el pasado 17 de febrero y afecta a once regiones.
En cualquier caso, ha defendido que Andalucía ni va a "asumir un error que es responsabilidad exclusiva del Gobierno" ni va a "aceptar las amenazas" que, a su juicio, se hacen de, "si no hacemos frente a la sanción, descontarnos los importes".
AFECCIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS
En ese sentido, ha rechazado que tengan que ser los agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias de Andalucía los que sufran las consecuencias de esa sanción, ya que la misma puede "comprender también el pago de la PAC", que en la región afecta a 300.000 beneficiarios con 1.400 millones de euros anuales en juego.
Además, para el portavoz del Gobierno andaluz, si el Ejecutivo central "no asume este disparate", "no solo atenta contra ganaderos, agricultores y empresas" sino que también "ataca directamente a los servicios públicos y al conjunto de la ciudadanía" ya que, si el Estado "no asume las consecuencias de su mala gestión", la administración regional tendrá que "detraer de su presupuesto más de 63 millones de euros que podrían afectar a partidas sensibles como la Educación o la Sanidad", ha concluido.
PLAZO DE DOS MESES
En la misma línea, la titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha subrayado este martes en el Consejo de Gobierno que el Ejecutivo central descarga en las comunidades la responsabilidad por este error y pretende descontarles los importes en un plazo de dos meses si se niegan a asumirla.
Dado que la decisión ministerial agotó la vía administrativa, Ortiz ha subrayado que el recurso ante el TSJA es la "única manera de preservar los derechos no sólo de los agricultores y ganaderos sino también de toda la ciudadanía andaluza, ya que resulta imposible generar dicho importe sin que se vean afectadas otras partidas tan sensibles y prioritarias como la educación o la sanidad".
En caso de hacer frente a la devolución, los 63,7 millones tienen que salir directamente del presupuesto autonómico. Debido a la legislación estatal de estabilidad presupuestaria, tampoco es posible recurrir a la posibilidad de endeudamiento.
Carmen Ortiz ha criticado también el hecho de que, en su recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 26 de julio, el Gobierno de España no solicitara la suspensión cautelar de la medida. Asimismo, ha recordado que los representantes de las comunidades afectadas solicitaron una reunión con el Ministerio.
"La ministra Isabel García Tejerina no sólo nos negó el encuentro, sino que el 17 de febrero el Consejo de Ministros aprobó sin previo aviso el acuerdo para traspasar esta responsabilidad a las comunidades autónomas, que no tienen capacidad alguna para legislar en el ámbito de las ayudas directas", ha señalado la consejera.
Junto con Andalucía, las principales comunidades afectadas son Extremadura, que tendría que devolver 79,6 millones de euros; Castilla y León (57,6 millones), y Castilla-La Mancha (32,1).