Con ayuda de la UDEF y de dos fiscales Anticorrupción –dos mujeres- colocó esa última pieza y ordenó la detención de Francisco Correa, su mujer y varias personas cercanas al entonces intachable empresario favorito del PP. La agencia de viajes de Correa –Pasadena- se encargaba en exclusiva de organizar todos los viajes del Partido. Special Events, otra de sus empresas, organizaba todos los eventos, mítines y similares de la formación política desde principios de los 90. Campaña electoral tras campaña electoral, Francisco Correa y los suyos estaban ahí. Los viajes de los periodistas, los escenarios, atriles, pancartas, vídeos, sonido… Todo lo organizaba Correa, aunque ahora pocos quieran recordarle.
La investigación, sin embargo, comenzó dos años antes. Dos ex concejales populares del Ayuntamiento de Majadahonda decidieron montar su propio partido político. Contaron al principio con el “mecenazgo” de Francisco Correa, pero tras el batacazo electoral que sufrieron, Correa optó por retirarles su respaldo económico.
Fue entonces cuando los dos ex concejales decidieron tender una trampa al empresario. Grabaron horas y horas de conversaciones con Correa donde el aún modélico empresario se desahogaba en algunas de esas charlas. No toleraba la ingratitud de algunos responsables del PP que habían dejado de adjudicarle contratos:
“Yo a Bárcenas le he llevado, yo he hecho con él un día...vamos a sumar, 1.000 millones de pesetas. Yo, Paco Correa, le he llevado a Génova y a su casa. Líquidos, yo sé cómo lo tiene, yo sé como lo saca de España... En paraísos fiscales”.
Las escuchas ya policiales y especialmente los registros a las sedes del entramado de empresas de Correa fueron fundamentales. En un pen drive de 8gb incautado al contable de Correa se hallaron decenas de documentos con los pagos en B y los supuestos sobornos que Correa y los suyos pagaban a cambio de esas adjudicaciones.
Los tentáculos de Correa llegaban a varias comunidades autónomas, numerosos ayuntamientos y sobre todo, al PP.
Garzón decidió entonces poner negro sobre blanco todo lo que había investigado.
Una parte de la Gürtel, en la que aparecían indicios contra los responsables de la Generalitat valenciana, fue enviada al TSJV. La parte donde aparecían implicados diputados de Esperanza Aguirre fue remitida al TSJM.
Y por último, una tercera parte fue remitida al Tribunal Supremo al encontrarse implicados el senador y entonces tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado por Segovia Jesús Merino.
Matar al mensajero
Garzón fue entonces objeto de numerosos ataques y denuncias. Muchos llevaban años esperando el primer tropezón del juez, ahora lo necesitaban.
Y llegó ese tropezón. Uno de los antiguos fiscales de la Audiencia Nacional, convertido el flamante letrado, decidió denunciar a su antiguo compañero. Le acusó de vulnerar el secreto profesional al intervenir las conversaciones de algunos detenidos con sus letrados. El juez sospechaba que algunos de esos abogados cooperaban en continuar con el blanqueo de capitales de sus clientes.
Las grabaciones fueron ordenadas por el entonces juez Garzón y prorrogadas después por el juez del TSJM, Antonio Pedreira, ya fallecido.
El Tribunal Supremo optó por enjuiciar y condenar a Garzón por un delito de prevaricación.
Fue su sustituto, Pablo Ruz, el que siguió el proceso. Al perder la condición de aforados los acusados, las causas del TSJM y del Tribunal Supremo regresaron a la Audiencia Nacional.
Ruz, entonces un juez nada sospechoso tras haber sentado en el banquillo a la cúpula de la Lucha Antiterrorista por el caso Faisán, mostró una contundencia que algunos de los acusados no podían esperar.
Las comisiones rogatorias a Argentina, EEUU, Suiza, Reino Unido, desvelaron que Luis Bárcenas había tenido saldos en sus cuentas corrientes cercanas a los 50 millones de euros. También que otro ex tesorero del PP, Ángel Sanchís era propietario de todo un emporio de limones en Argentina.
El juez puso el punto final a este caso sentando en el banquillo a 37 acusados. Entre ellos tres ex tesoreros del PP –Álvaro Lapuerta fue exonerado finalmente por demencia senil- ex diputados, ex concejales ex alcaldes y una ex ministra de Sanidad, en su caso como partícipe a título lucrativo de parte del dinero obtenido de forma ilícita por su ex marido, el ex alcalde Jesús Sepúlveda.
Algunos acusados, según el escrito de las dos fiscales, se dedicaron a embolsarse parte de las comisiones que recibían de las empresas de Correa a cambio de contratos. Parte de esas comisiones eran supuestamente a engrosar la supuesta contabilidad B del PP. El escándalo acompaña a la sociedad española desde el año 2009, para muchos se trata de un caso de corrupción con consecuencias políticas ya amortizadas. Tras las múltiples citas electorales a las que han acudido los españoles durante estos últimos años.
El banquillo
Luis Bárcenas: 42 años y medio por seis delitos distintos: cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida y tentativa de estafa procesal.
Ángel Sanchis: ocho años por blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental.
Álvaro Lapuerta: Sobreseído. Pedían tres años por apropiación indebida.
Ana Mato: Partícipe a título lucrativo. Le reclaman 28.467,53 euros, por los «regalos y servicios turísticos de los que fue personalmente beneficiaria», además del 50% de los regalos de los que fueron beneficiarios sus hijos.
Partido Popular: Partícipe a título lucrativo. «como mínimo», el beneficio para el PP ascendió a 245.492,80 euros.
Jesús Sepúlveda: ex alcalde Pozuelo de Alarcón. 11,7 meses de prisión. cohecho, falsedad, fraude a las administraciones, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Jesús Merino: Ex diputado. Tres años y nueve meses.
Ricardo Galeote: Ex concejal Estepona. 14 años y siete meses de prisión.
Guillermo Ortega: Ex alcalde de Majadahonda. 40 años y siete meses. asociación ilícita, cohecho, falsedad, fraude a las administraciones, malversación, prevaricación, prevaricación, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Alberto López Viejo. Ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. 46 años. asociación ilícita fraude fiscal, malversación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Arturo González Panero. Ex alcalde de Boadilla.40 años y 9 meses.
Francisco Correa: 125,1 años. Asociación ilícita, fraude, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Álvaro Pérez: 5,2 años por cohecho continuado..
Pablo Crespo: 83,3 años y medio de cárcel.
José Luis Izquierdo: 45,8 años y ocho meses.
Carmen Rodríguez Quijano 35,7 meses
Alfonso García Pozuelo: 4,6 años