El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado este jueves las diligencias abiertas contra ocho imputados por organizar las protestas celebradas el pasado 25 de septiembre que llamaban a rodear el Congreso de los Diputados, al considerar que no existen indicios de la comisión de delito alguno, han informado fuentes de la defensa. Los acusados han quedado en libertad sin la imposición de ninguna medida cautelar.
Los ocho imputados llegaron poco antes de las 10.30 de la mañana a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim de Madrid y han permanecido con el magistrado menos de una hora.
A su salida de sede judicial han sido recibido con muestra de apoyo por parte de las varias decenas de manifestantes que han seguido desde la calle el transcurso del interrogatorio.
El magistrado cursó las citaciones tras una investigación policial en la que se procedió a la identificación de varios participantes en las asambleas organizativas de la manifestación que fueron previas a su celebración.
En las diligencias previas abiertas por el Juzgado Central de Instrucción número 1 obran también informes sobre la difusión de la convocatoria que circularon en distintas redes sociales como Facebook y Twitter.
Según consta en la citación judicial, los ocho imputados estaban acusados de cometer un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que establece pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses para aquellos que "promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones" ante el Congreso, cuando este esté reunido, "alterando su normal funcionamiento".
En el marco de la investigación Pedraz ha reclamado, además, el diario de sesiones del Congreso de los Diputados correspondiente a la jornada de las protestas. En una providencia a la que tuvo acceso Europa Press el magistrado solicitó que se recabe de la página web de la cámara baja el acta de la sesión del pasado día 25.
Según han indicado fuentes jurídicas, la intención de Pedraz era estudiar el desarrollo de la sesión con la intención de comprobar si las protestas alteraron su normal funcionamiento.
Concentración en Madrid
Varias decenas de manifestantes se han congregado en la esquina de la calle Prim con el Paseo de Recoletos de Madrid para apoyar a los ocho imputados. Los manifestantes, que portaban pancartas con la leyenda 'Yo también organicé el 25-S', irrumpieron en gritos de "no estáis solos" a la llegada de los ocho acusados a la sede judicial, a los que además les han entregado unos círculos de papel simulando "medallas al mérito".
Según han explicado, se trata de un mensaje cargado de ironía después de que al inspector jefe Javier Nogueroles, máximo responsable de la Unidad de intervención Policial (UIP) de Madrid, haya recibido esta semana la Cruz al Mérito con distintivo rojo de la Policía Nacional. Por su parte, al llegar a la sede judicial, los ocho imputados se detuvieron brevemente frente a los manifestantes para saludarles, y agradecerles su presencia en la calle.
La prensa, identificada
La declaración judicial ha provocado la organización de un fuerte dispositivo policial en la calle que se ha acompañado de identificaciones de los presentes en la zona. Los agentes han solicitado a varios viandantes y representantes de la prensa su documentación, que ha quedado registrada en un listado que portaban. Esta medida de seguridad es habitual en las declaraciones celebradas en la Audiencia Nacional, según confirman fuentes jurídicas.
Los manifestantes también llevan pancartas donde se pueden leer consignas como 'Hace 30 años las cosas estaban francamente mal pero ahora van realmente peor' o 'Esto sí que es un atentado al Estado y no una manifestación'.
La concentración ha sido convocada por la Coordinadora 25-S --organizadora de las protestas que tuvieron lugar la semana pasada y que instaban a rodear el Congreso-- bajo el lema 'Defiende tu derecho a la libre reunión'. A su parecer, los imputados fueron identificados por ejercer su derecho a la "libre reunión" mientras participaban en las asambleas celebradas días antes de la manifestación para preparar la cita, tras lo cual, según denuncian, se les acusó de un delito "que ni habían amenazado cometer, ni habían cometido, ni cometieron ese día 25".
Según consta en la citación judicial, los ocho citados están imputados por la comisión de un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que establece pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses para aquellos que "promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones" ante el Congreso, cuando este esté reunido, "alterando su normal funcionamiento".