Izquierda Unida (IU) Madrid ha criticado la nueva operación Chamartín al entender que contribuye a "salvaguardar" los intereses de ADIF, BBVA y la constructora San José, "generados mediante especulaciones urbanísticas", y que este nuevo acuerdo "únicamente reportará mayor desigualdad en la ciudad e incrementará los problemas de movilidad y salubridad que ya tiene".
A través de un comunicado, la formación también ha advertido de que, pese a que su compromiso es "acompañar la implementación de las medidas que finalmente sean propuestas desde Ahora Madrid" por ser la "la herramienta de unidad popular y confluencia" que han escogido para "la transformación de la ciudad de Madrid", ello no impedirá "la crítica y frontal oposición a aquellas decisiones que vayan en detrimento de un modelo de ciudad más sostenible, habitable y ecológico".
IU Madrid expone que el Ayuntamiento, pese a que contaba con "plena capacidad" para cambiar el planeamiento, incluso "para suprimir toda edificabilidad", ha conseguido un acuerdo que "constituye un retroceso" respecto a la propuesta municipal de 2016 (denominada Madrid Puerta Norte), que barajaba reducir las viviendas a 4.600, de las que un millar serían protegidas.
Por otra parte, critican que "es imposible cambiar el carácter especulativo de la Operación Chamartín", firmado por el Ministerio de Fomento-ADIF, la empresa DCN y el Ayuntamiento de Madrid, si se aceptan "los parámetros fundamentales del Plan General de Ordenación Urbana heredado del PP y se abandonan los criterios establecidos en la Mesa Social".
DESEQUILIBRIO NORTE-SUR
La formación también considera que el acuerdo "se ha olvidado del diagnóstico realizado mediante la participación ciudadana y que fomenta el desequilibrio norte-sur, renunciando a un modelo alternativo de ciudad para Madrid".
"Únicamente mediante el encaje de la medida en un modelo de ciudad más sostenible y equilibrado se contribuirá a reducir el desequilibrio social", advierten.
De esta forma, según IU, se fomentan los usos terciarios y la vivienda libre de lujo en el norte de la ciudad, mientras se sigue manteniendo el grueso de la vivienda protegida, las zonas industriales abandonadas y la mano de obra de la clase trabajadora en el sur, "generando tensiones territoriales y necesidades de movilidad insostenibles".
Recuerdan a su vez que la finalidad del suelo público "no debe ser enjuagar la deuda o financiar a las administraciones, sino contribuir al reequilibrio territorial de la ciudad". Por eso la formación considera que la prioridad de la política urbanística y de inversión pública "debe centrarse en atender las necesidades sociales de los barrios existentes, antes que realizar otros nuevos, priorizando la actuación en las zonas más necesitadas".
En este sentido, aseguran, "no es necesario recuperar los macroproyectos de la burbuja inmobiliaria como la operación Chamartín", sino que "es urgente desde el punto de vista social construir los equipamientos adecuados en los cientos de parcelas vacías destinadas para ello en la ciudad".
PARÁMETROS A SEGUIR
Por eso cualquier modificación que está previsto realizar debe afectar a esos parámetros, debe a su juicio reducir en un 50 por ciento la edificabilidad "lucrativa".
Aparte, aboga por "desterrar" la idea de que las infraestructuras y los suelos protegidos generan derechos virtuales a edificar y insta a aumentar el porcentaje de vivienda protegida en cualquier desarrollo residencial para "reflejar el grado de propiedad pública de los terrenos, estableciendo que toda la vivienda será pública y en alquiler".
Entre otras medidas, aconsejan equilibrar el reparto de usos entre residencia y actividad económica en cualquier propuesta de desarrollo urbano para la zona, de manera que el "impacto" en la movilidad de la ciudad "no sea contradictorio con las políticas de reducir el acceso al centro en vehículo privado y no obligue a afrontar costosas obras públicas".
Además, piden definir la dotación de equipamientos sociales considerando las necesidades de los barrios del entorno y las previsibles en el futuro, en vez de aplicar los mínimos legales (recortados por el PP en 2012), así como establecer la iniciativa pública del planeamiento y la ejecución del desarrollo urbano.
Por último, para dar respuesta a las necesidades actuales de movilidad en la zona norte, IU considera necesario que se potencie el uso del transporte público y se mejore su competitividad frente al coche realizando carriles bus en los accesos a la ciudad y ampliando la cobertura territorial de Cercanías.