Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un comunicado, el Juzgado de Instrucción 4 de Lleida y el de Instrucción 2 de La Seu d'Urgell (Lleida) han abierto sendas diligencias por supuesta desobediencia al haberse permitido la votación en algunos colegios, y ya han reclamado información a la policía catalana.
El juzgado de Lleida ha abierto la investigación por los espacios designados por la Generalitat en esta demarcación como centros electorales y el de La Seu lo hace por haberse permitido la votación en al menos siete emplazamientos de este territorio.
En ambos casos, los jueces aluden a la supuesta desobediencia a las medidas acordadas por la magistrada del TSJC Mercedes Armas, que investiga al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de consellers del Govern tras una querella de la Fiscalía por la convocatoria del referéndum.
La magistrada ordenó el viernes que se debía impedir hasta el 1 de octubre la utilización de los locales o edificios públicos --o aquellos en los que se preste cualquier servicio público-- para la preparación de la celebración del referéndum".
La orden judicial también aludía a que los Mossos debían requisar todo el material relacionado con el 1-O que estuviera en disposición de llevar a los colegios o que fuese encontrado en el interior de los mismos, incluyendo los ordenadores.
Además, otros cuatro juzgados han abierto diligencias previas tras las denuncias de particulares contra los Mossos por su inactividad en colegios abiertos para votar: el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona; el Juzgado de Instrucción 3 de El Vendrell (Tarragona); el de Instrucción 1 de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y el de Instrucción 7 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
Por otra parte, el mismo juzgado de El Vendrell investiga una denuncia contra la Generalitat por el uso de sus datos y dos denuncias más por votaciones supuestamente ilegales.
El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, además de la denuncia contra los Mossos, tiene sobre la mesa otra por lesiones contra la policía.