El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha asegurado que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández "se comprometió" a otorgar tres ayudas por un valor total de tres millones de euros a las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla. Guerrero ha denunciado la "clara intención de disparar" contra él en el caso de los ERE porque "nunca" ha sido "del aparato del partido".
Durante su segunda jornada de declaración ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, Guerrero ha especificado que, siendo consejero del ramo, Fernández se reunió con el hermano del expresidente de la Junta y "se comprometió" a ayudarle con tres millones de euros en los años 2005, 2006 y 2007, a razón de un millón por año.
En este sentido, el imputado ha insistido en señalar al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien realizó "indicaciones verbales" para que se ayudara al sector del corcho de la Sierra Norte de Sevilla, todo ello "a pesar de que en otros lugares también se fabricaba corcho".
El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha denunciado la "clara intención de disparar" contra él en el caso de los ERE porque "nunca" ha sido "del aparato del partido" con el objetivo de "salvar la honorabilidad de otros" a costa de denigrarle a él y a su familia.
Al ser preguntado sobre "por qué regaló dinero del erario público sin tener ni siquiera una solicitud", Guerrero ha dicho que "los expedientes iban completos. "Hay una clara intención de dispararme a mí porque nunca he sido del aparato del partido y para salvar la honorabilidad de otros y denigrarme a mí y a mi familia", ha señalado.
"Ahora va a parecer que tenía una bolsa de euros al lado mía, cuando el dinero era del IFA", ha señalado Guerrero durante la segunda jornada de declaración ante la magistrada, al tiempo que ha lamentado que cuando el asunto ha salido a la luz pública y se ha sabido que la Junta otorgaba ayudas de forma "discrecional" se le haya responsabilizado a él.
"Han empezado a echarme la culpa a mí, porque soy un blanco fácil, denigrándome a mí y a mi familia", ha dicho Guerrero, que se ha mostrado "indignado".
Antes de esto, la juez le ha preguntado también al imputado sobre "por qué las ayudas se otorgaban a ayuntamientos socialistas", ante lo que Guerrero ha asegurado que "alguien se enteraría de que podía pedirlas", y "ese alguien podía ser el consejero o el viceconsejero", que eran "los que decidían a quien se les daba las ayudas y a quien no, sobre todo José Antonio Viera por su relación con los alcaldes", punto en el que ha destacado que éste último "tenía un feeling especial" con el alcalde de Guadalcanal.
Preguntado sobre si hubo una "intencionalidad política" en la concesión de 30 millones de euros en ayudas a la Sierra Norte de Sevilla en vísperas de las elecciones andaluzas de 2004, Guerrero ha puesto de manifiesto que "detrás de la gestión de un político siempre hay una intencionalidad política".
La magistrada ha interpelado al imputado por las ayudas a la empresa Aglomerados Morell, y ha reconocido que el planteamiento fue "desvestir a un santo para vestir a otro", pues ha aseverado que se aprobó el ERE de la empresa y trasladar las instalaciones de la empresa desde Valencina de la Concepción a Villanueva del Río y Minas "con fines electorales y municipales" de cara a ayudar a la que fuera alcaldesa María José Cervantes. "No le cabe duda de que tenía interés en que se contratara a gente" en vísperas de las elecciones, ha dicho Guerrero.
En este punto, Guerrero ha llegado a señalar que el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas "se comprometió" a otorgar subvenciones para la contratación de trabajadores en las nuevas instalaciones de Villanueva del Río y Minas. También se ha referido a la ayuda de un millón de euros aprobada a favor del Hotel Posada del Moro, ubicado en Cazalla de la Sierra, las cuales también se dieron "por indicación" de Viera, que "se comprometió personalmente" con los socios de este hotel, donde iba a comer los fines de semana.
Respecto a las ayudas a la Cooperativa Olivarera de Guadalcanal, Guerrero ha dicho que se le otorgó un millón de euros "por indicación" de Viera, "a quien se la había pedido" el propio alcalde de esta localidad sevillana, mientras que, en relación a Sevilla Siglo XXI, ha afirmado que las ayudas "se pactaron previamente entre Villalobos y Viera".
La declaración de Guerrero ha sido pospuesta hasta este viernes a las 10.00 horas, cuando retomará el interrogatorio nuevamente la magistrada, a la que, según fuentes del caso, le quedan por hacer más de 70 preguntas.