Mi abuelo no entró en combate, no era militar. Era un político de pueblo, del PSOE, y ese fue todo su crimen. Cuando lo mataron mi abuela estaba embarazada y por eso mi madre fue hija póstuma, nunca lo conoció.
Ésa ha sido la espina clavada en su historia desde que tengo uso de razón. “Quiero saber dónde está enterrado, quiero saber qué le pasó”, me ha dicho cientos de veces mi madre.
De esa búsqueda parte esta historia y nuestro viaje a Bruselas, al Parlamento Europeo, que por primera vez ha aceptado un caso relacionado con la Memoria Histórica.
-Niña, me voy al Parlamento Europeo por lo del abuelo
-Pero ¿qué dices mamá? ¿Qué vas a hacer allí, encadenarte?
-Pues, no sé, ya veré…
-Que no, mamá, que al Parlamento se le escribe, no se planta uno allí.
-Pues entonces, escríbeles.
Así fue como empezó nuestra aventura europea. Por el empeño de mi madre. Con 76 años, atesora todos y cada uno de los recuerdos y comentarios sobre su padre perdido. De él tenemos una única foto, que ella fotocopia con ahínco para repartir por todos lados.
-Mamá, cuéntame cómo fue todo, cómo lo apresaron.
-Hija, pues a él lo mandaron llamar a Córdoba uno o dos días antes de estallar la guerra.
-¿Cómo que lo mandaron llamar? ¿Quién?
-No lo sé, la policía, los guardias, no lo sé. Un amigo le dijo que no fuera y él dijo: por qué no voy a ir, yo no tengo nada que esconder… En cuanto llegó a Córdoba lo encarcelaron y estuvo preso un mes.
Sus hermanos iban a verlo, e incluso uno de ellos, que era de Falange, trató de liberarlo, pero no pudo ser. El 19 de agosto de 1936 nos mandó su última carta. En ella decía que quería que me pusieran su nombre y quién le debía dinero. Sabía que lo iban a matar.
-¿Y cómo murió?
-Me dijeron que montaron a un grupo en un camión y que en el camino, a él le dieron un tiro. Al día siguiente le entregaron a sus hermanos su reloj, la carta… Nada más. Nunca se supo dónde lo enterraron.
Ésa es la historia tal y como le llegó a mi madre, contada por terceros, ya muertos todos. Y un día, 60 años después, me propuse tratar de encontrar la máxima información posible.
Escribí decenas de solicitudes a archivos históricos de Córdoba y de toda España. Y lo que encontré fue significativo. Un año después de su muerte, en 1937, la Comandancia Militar de Córdoba pide los antecedentes de mi abuelo al ayuntamiento de Palma del Río, que le contesta.
En 1941, el Juzgado de Responsabilidades Políticas de Córdoba pide al ayuntamiento una relación de sus bienes. Era algo habitual con los fusilados: les abrían juicio para quitarles todas las posesiones a sus familias. Escriben también al Tribunal contra la Masonería para saber si era masón. Y en 1943, el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba publica el sobreseimiento de la causa judicial abierta contra mi abuelo.
Llevaba ya siete años muerto, qué ironías. De repente, me di cuenta de lo que significaba todo esto. Mi abuelo no había sido un muerto sin identificar, ellos sabían que lo habían matado. Por eso pedían toda esta información.
Este expediente judicial podía contener las respuestas. Enseguida escribí al Juzgado de Posadas que había archivado la causa.