El instituto armado tuvo conocimiento de la estafa el pasado mes de abril, cuando una entidad bancaria de Asturias recibió la petición de una empresa, cliente habitual suyo, de la realización de una transferencia de dinero (13.100,68€). La transacción quedó bloqueada al percatarse el cliente del movimiento bancario que se había realizado sin su consentimiento.
Ese mismo mes, se recibía otra solicitud de similares características, en esta ocasión la transferencia era de 18.900€, movimiento que no se llegó a consumar debido a las sospechas que había despertado la producida el día anterior.
Las investigaciones llevadas a cabo en Asturias, confluyeron con otras que se estaban llevando a cabo en Madrid, concretamente en Villaviciosa de Odón, en donde también se había intentado estafar a una empresa de la localidad requiriéndose la transferencia de 10.378€, y a otra de Guadalajara, requiriéndose la cantidad de 11.538€.
Fue así se confirmaron las sospechas de los agentes de la benemérita de la existencia de un grupo de delincuencia organizado tras los hechos y cuyo radio de actuación era todo el territorio nacional.
EMITÍAN PETICIONES A LOS BANCOS HACIÉNDOSE PASAR POR EMPRESAS
Estas acciones se llevaban a cabo de la siguiente manera: primero se accedían de forma ilegal a una cuenta de correo utilizada de modo habitual por alguna empresa como medio de contacto entre la empresa y la entidad bancaria con la que opera, haciéndose con las claves de acceso.
Tras el estudio de los correos emitidos y recibidos, realizaban la petición de las transferencias utilizando documentación similar a la empleada habitualmente y así no despertar las sospechas de la entidad financiera a la que solicitan la transferencia del dinero.
El dinero es enviado hacia cuentas cuyos titulares son meros intermediarios del dinero, también llamados "mulas", haciéndoselo llegar al escalón superior de la organización (captadores de "mulas") tras obtener parte del dinero como beneficio.
HACKERS Y MULAS PARA CAPTAR Y BLANQUEAR EL DINERO
El funcionamiento del grupo tiene una estructura piramidal y jerarquizada, con distinción clara de los diversos roles, empleando medios como hackers, captación de mulas, realización de engaño, recepción del dinero defraudado y posterior blanqueo.
El dinero obtenido, finalmente se transfiere a través de diversas cuentas tanto de las propias mulas, cabecillas, y empresas constituidas por la organización en España y posteriormente a cuentas bancarias de diversos países de ámbito europeo y africano.
Las "mulas" son elegidas entre personas sin ingresos económicos o con ingresos muy bajos, aprovechándose de las necesidades económicas de los mismos para su captación.
EL NÚCLEO DE LA OPERACIÓN SE HALLABA EN TOLEDO
En este caso, el núcleo operativo principal investigado se hallaba en la provincia de Toledo, donde residían la mayoría de los integrantes del grupo, aunque también se localizó una persona vinculada al mismo en la provincia de Valencia.
Como consecuencia de las investigaciones, se pudo conocer como otras empresas, tanto nacionales como extranjeras, habían sido víctimas de estos hechos. Así se habían producido en países como Suiza e Inglaterra.
En el registro efectuado en el domicilio de los cabecillas se intervinieron varios ordenadores así como documentación bancaria y de la propia organización que será analizada.
A los implicados se les imputan los delito de estafa, revelación de secretos (por acceder sin consentimiento del titular a las cuentas de los correos electrónicos de las empresas estafadas), falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
El rol en la organización era el siguiente: los tres primeros se trataban de "mulas", es decir, los encargados de mantener cuentas abiertas donde se realizaban las transferencias bancarias de las empresas estafadas, ya sea a su nombre o incluso a nombre de empresas ficticias que creaban; y los dos últimos eran captadores de "mulas", y quienes recogían el dinero que les entregaban las "mulas" y se lo transferían a cuentas en el extranjero.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Illescas (Toledo) y las diligencias han sido entregadas en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Piloña y el de Primera Instrucción de Móstoles (Madrid).