La Generalitat ha nombrado este martes a Francesc Esteve Balagué director del Gabinete Jurídico de la administración catalana, por lo que deja de ser secretario general de la Conselleria de Gobernación, y contra quien Fiscalía se ha querellado por la compra de urnas.
En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la portavoz del Govern, Neus Munté, ha asegurado que Esteve aporta las máximas garantías desde la perspectiva jurídica y ha destacado su "compromiso político" con el proceso soberanista que impulsa la Generalitat.
La Fiscalía se ha querellado contra Esteve y también contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, por la licitación de urnas que ha impulsado la Generalitat.
Munté ha destacado la "pulcritud" del trabajo de Esteve como secretario general, y ha insistido en que la querella no tiene fundamento porque la licitación de urnas es perfectamente legal.
La Generalitat ha argumentado varias veces que Andalucía también compró en su día urnas propias, por lo que lamenta que la Fiscalía se querelle ahora contra el Govern por lo mismo.
NUEVA SECRETARIA GENERAL
La vacante de Esteve en la Secretaría General la ocupará Meritxell Masó i Carbó, hasta este martes secretaria de Administración y Función Pública del mismo departamento, y que también ha trabajado en el proceso de la compra de urnas pero que no figura entre los querellados.
El cargo que deja Masó será para Ester Obach i Medrano, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y funcionaria de la Generalitat desde 1992.
Y Esteve cubrirá la vacante que deja Margarida Gil i Domènech, a quien el Govern ha situado como nuevo miembro del Consell de Garanties Estutàries, el órgano consultivo de la Generalitat que se pronuncia sobre la constitucionalidad y estatutariedad de las leyes catalanas.
CONSELL DE GARANTIES
El Govern tiene la potestad de nombrar a Gil, licenciada en Derecho, porque le corresponde designar a una parte de los miembros del Consell, pero hay otros juristas del mismo órgano con el mandato caducado, pese a lo cual no han sido relevados por la falta de consenso entre los grupos del Parlament.
El Consell de Garanties Estatutàries podría convertirse en un órgano clave en los próximos meses, ya que con toda probabilidad deberá pronunciarse sobre las leyes de 'desconexión' que preparan los soberanistas en el Parlament, y sus dictámenes no son vinculantes, aunque el Govern acostumbra a cumplirlos.
El Govern también ha decidido este martes nombrar miembro de la Comisión Jurídica de la Generalitat a Maria Mercè Darnaculleta i Gardella, profesora de derecho administrativo de la Universitat de Girona (UdG) y que ha sido decana de su Facultad de Derecho.