Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que 'El País' haya publicado un vídeo de un acto de marzo organizado por Òmnium Cultural en que Llach decía que se "sancionará" a los que incumplan estas leyes.
Munté no ha aclarado si contemplan estas sanciones, alegando que ella forma parte del Govern y no del Parlament; ha prometido que las leyes de 'desconexión' supondrán pasar de una legalidad española a una catalana sin vacíos legales, y ha añadido: "Las leyes nos obligan a todos".
El Parlament impulsa a través de JxSí y la CUP las conocidas como tres leyes de 'desconexión', una de las cuales --la de transitoriedad jurídica-- prevé dotar a Cataluña de una legalidad propia si se independiza.
Sobre la ley de transitoriedad, Llach aseguró: "El que no la cumpla será sancionado. Deberán pensárselo muy bien. No digo que sea fácil; al revés: muchos de ellos sufrirán, porque dentro de los Mossos d'Esquadra hay sectores que son muy contrarios".
Sin entrar en las palabras del diputado, Munté ha reivindicado que esta ley de transitoriedad pretende dar "seguridad jurídica al proceso" soberanista y que esto incluye a todos los ciudadanos, también los funcionarios de la administración catalana.
"La voluntad del Govern de la Generalitat es que el tránsito de ley a ley se haga de la mejor manera posible", según Munté, que ha asegurado que el proceso soberanista es político y la responsabilidad recae plenamente en los políticos, no en los trabajadores públicos.
"Punto de mira"
Munté ha lamentado que demasiado a menudo "los servidores públicos han estado en el punto de mira", y ha querido hacerles llegar un mensaje de tranquilidad asegurando que el proceso soberanista se hará bien y con garantías.
"Le puedo garantizar que por parte del Govern se harán las cosas dentro de la legalidad, con garantía jurídica a los ciudadanos y los funcionarios", ha añadido Munté, que lamenta el ruido que siempre hay en torno a los servidores públicos y el proceso soberanista.
Pacto por el referéndum
También se ha referido a que el 'Pacte Nacional pel Referèndum' --la plataforma que busca apoyos para esta consulta-- aprovechó el día de Sant Jordi para recoger firmas a favor de la consulta: ha explicado que corresponde al 'Pacte' y no al Gobierno catalán la "concreción" de qué hacer con estas firmas.
Ha insistido en que el referéndum debe hacerse en 2017 pese "a las amenazas" que pesan contra él, y que fijar la pregunta corresponde a un acuerdo entre diferentes sectores, por lo que el Govern buscará formular una que genere el máximo consenso posible.
Los sindicatos piden "respeto"
Desde la representación sindical, UGT y CC. OO. han reclamado a la Generalitat respeto a sus empleados y que el 'proceso de desconexión' de Cataluña se haga con "garantías, negociación, participación y transparencia".
Los sindicatos reaccionan así después de que el diputado de JxSí en el Parlament Lluís Llach hablara de sancionar a los trabajadores públicos que incumplan las leyes de 'desconexión' que impulsa el Parlament a través de JxSí y la CUP, y una de las cuales --la de transitoriedad jurídica-- prevé dotar a Cataluña de una legalidad propia si se independiza.
UGT y CC.OO. han considerado estas declaraciones fuera de lugar: "Estamos convencidos, pese a que desconocemos por su secretismo la parte tecnicojurídica de la transitoriedad, que el Govern respetará las leyes y los derechos de los trabajadores públicos con todas las garantías".
Por su parte, el sindicato Csif ha avanzado que se opondrá "con toda la firmeza del Estado de Derecho a cualquier decisión, sanción o represalia contraria al ordenamiento jurídico" que puedan sufrir los empleados públicos catalanes como consecuencia del proceso de desconexión.
Protocolo CSIF
Ha tachado de "bravuconada" las declaraciones de Llach y ha recordado que tiene a punto su protocolo de defensa, dirigido a los funcionarios catalanes, para protegerles en el caso de que deban responder ante una orden de "dudosa legalidad" por parte del Govern.
El protocolo recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito lo antes posible para tener constancia y advertir a la Administración de sus dudas.
En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales.
En los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes.
Además, si se entiende que pueda incurrirse en una situación ilícita desde el punto de vista penal se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales.
Precisamente este martes, la portavoz del Govern, Neus Munté, ha evitado valorar las declaraciones de Llach y se ha limitado a afirmar que la Generalitat garantiza la "protección jurídica de los funcionarios" durante el proceso soberanista.