El Govern ha acordado este martes iniciar los trámites urgentes para modificar cuatro tributos: el impuesto sobre las emisiones de la aviación comercial; el impuesto sobre sucesiones y donaciones; el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la portavoz del Govern, Neus Munté, ha precisado que el Ejecutivo ha dado el primer paso para que esto cambios sean una realidad y es sacar adelante la memoria preliminar del anteproyecto de ley.
Las cuatro modificaciones estaban previstas en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2016, que no prosperó por el voto en contra de la CUP y el resto de la oposición, por lo que el Ejecutivo catalán recurre a este mecanismo para poder sacarlo adelante igualmente.
El impuesto sobre emisiones incluye tres cambios relevantes: se aplicará también a los vuelos de mercancías --que estaban exentos--; se suprime la base imponible de 20.000 vuelos anuales realizados, y se cambia el gravamen a un único tipo impositivo de 2,5 euros por kilogramo de óxido emitido.
El Govern busca así eliminar determinados elementos "susceptibles de ser considerados ayudas de Estado", que no son admitidos por la normativa europea, y prevé que estos cambios tengan un impacto de 395.000 euros anuales a partir de 2018, ejercicio en que la recaudación podría llegar a los 4,3 millones.
Sobre el impuesto de sucesiones y donaciones y también el del patrimonio, busca permitir que los beneficios fiscales previstos para los patrimonios protegidos de acuerdo con la normativa estatal resulten también de aplicación en los constituidos por el derecho civil catalán.
Sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se busca "descongestionar los juzgados de familias potenciando la vía notarial": se prevé la aprobación de la bonificación sobre las escrituras públicas de separación o divorcio cuando se oficialice ante notario.
Por último, el anteproyecto también prevé tareas de control tributario y lucha contra el fraude fiscal con la comunicación de datos con trascendencia tributaria obtenidos por las diputaciones y los consejos comarcales a la Agencia Tributaria de Catalunya.