El Gobierno va a incluir en su argumentario sobre Cataluña el acuerdo alcanzado con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) con el objetivo de poner en evidencia a los independentistas catalanes que no quieren negociar de otra cosa que no sea la independencia, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo.
Estas mismas fuentes explican que el pacto con los nacionalista vascos sirve como ejemplo de cómo la negociación puede dar frutos para resolver los problemas que interesan a los ciudadanos, desarrollar infraestructuras y llegar a entendimientos de coordinación en diversos campos.
Por ello y en contraposición pondrán el acento en la falta de voluntad de la Generalitat de Cataluña para entablar una negociación con el Ejecutivo y su 'empecinamiento' en hablar sólo de sus aspiraciones independentistas, una cuestión que, recuerdan, es ilegal y por tanto el Gobierno no va a abordar.
Por otro lado, un argumentario interno del PP explica que la negociación sobre el Cupo vasco y las discrepancias que existían en la liquidación de años anteriores ha sido posible por la recuperación económica, que también ha permitido poner en marcha el proceso de negocaición con las comunidades autonómas sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.
Además, culpan aunque sin citarle expresamente al Gobierno de Zapatero de no haber llegado a acuerdos para liquidar el Cupo desde el año 2007. En este sentido, precisan que "desde el año 2007 han existido discrepancias entre el Gobierno central y el Gobierno vasco sobre la cuantía del Cupo, discrepancias que se acentuaron tras la aprobación del anterior sistema de financiación autonómica en 2009, y que no habían sido resueltas hasta ahora".
Los populares defienden el acuerdo alegando que "es bueno para el País Vasco y es bueno para el conjunto de España y su economía, porque establece unas relgas acordadas entre ambas administraciones, lo cual proporciona una estabilidad política y económica que es muy necesaria en esta etapa de recuperación".
En el citado argumentario se explica que las discrepancias se han cerrado con el acuerdo de que el Ejecutivo central devuelva 1.400 millones al País Vasco por las liquidaciones pendientes del Cupo desde 2007, un pago que se hará en cinco años.
CIFRAN EL CUPO EN 1.300 MILLONES
Además, exponen que el Cupo provisional para 2017 queda fijado en 1.300 millones de euros, pero no precisan cuánto van a suponer las políticas activas de empleo, que se detraerán de esta cifra. Estas políticas, según explicó ayer el Consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, suponen 344 millones, que dejarán reducido el Cupo de 2017 a 956 millones de euros.
Sin embargo, en el argumentario popular sólo se precisa que "el Acuerdo clarifica los criterios de aplicación de la participación del País Vasco en la financiación e las política activas de empleo traspasadas mediante el Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre". Pero no especifican la cifra.
Los populares exponen en ese texto que el Gobierno confían en alcanzar en las próximas semanas acuerdos que permitan la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la reforma del sistema de financiación autonómica. Algo que, señalan, "redundará en una mejora de la economía nacional y en una mejor financiación de las políticas y los servicios públicos que prestan todas las comunidades autonómas a los ciudadanos".