El Gobierno amenaza con la intervención a las CCAA en el Consejo de Política Fiscal y Financiera

cuatro.com 12/07/2012 22:53

El Gobierno ha lanzado advertencias a algunas comunidades autónomas ante las dudas que plantean sus planes económicos para cumplir el objetivo de déficit de este año, fijado en el 1,5%. Si no se llega a un acuerdo en ese periodo, el Ministerio elevará las advertencias al Consejo de Ministros y se seguirán los pasos que fija la Ley de Estabilidad para garantizar el cumplimiento, que pueden llegar incluso a la intervención. La postura del ministerio ha sido tan intransigente respecto a ese 1,5% de déficit, que Extremadura y Castilla y León, gobernadas por el PP, no han apoyado a su ministro y se han abstenido en la votación. Pese a todo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado que las comunidades tendrán que reducir su déficit desde el 1,5% de 2012 al 0,7% en 2013 y al 0,1% en 2014.

Así lo ha señalado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde no ha querido precisar ni el número de comunidades ni los nombres de las que pueden ser apercibidas.

El ministro sí ha explicado que con estas advertencias se inicia el mecanismo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuyo último paso es la intervención.

A raíz de la advertencia, el Gobierno mantendrá reuniones bilaterales en un plazo de siete días con estas comunidades para analizar las medidas que han puesto en marcha y la corrección de las mismas para garantizar que reducen el déficit al 1,5% este año.

Si no se llega a un acuerdo en ese periodo, el Ministerio elevará las advertencias al Consejo de Ministros y se seguirán los pasos que fija la Ley de Estabilidad para garantizar el cumplimiento, que pueden llegar incluso a la intervención.

Sin embargo, el CPFF ha dado el visto bueno al plan de Asturias que fue rechazado en la reunión anterior al considerarlo "idóneo" para cumplir con el objetivo de 2012.

El déficit se mantiene en el 1,5% para 2012

En este mismo foro, las comunidades han dado luz verde a un calendario de reducción del déficit público que va desde el 1,5% de 2012 al 0,7% en 2013 y al 0,1% en 2014. Las comunidades tendrán que registrar superávit en el año 2015.

Las cifras planteadas por el Gobierno han salido adelante con doce votos a favor y a pesar de que dos comunidades gobernados PP se han abstenido en la votación (Extremadura y Castilla y León), mientras que Asturias, Canarias, Cataluña y Andalucía han votado en contra.

Los nuevos objetivos suponen una relajación respecto a las que había incluido el Gobierno en el Programa de Estabilidad que elaboró al llegar al poder. En dicho plan, el Ejecutivo había fijado un déficit del 1,5% a las comunidades al cierre de este año, del 0,5% el año que viene y del 0,3% para 2014.

Tras el año extra que ha conseguido España para reducir el déficit público, el Gobierno ha decidido mantener el objetivo de las comunidades para este año en el 1,5%, aunque les ha dado un poco más de margen para los dos próximos años, con un déficit del 0,7% en 2013 y del 0,1% en 2014.

Sin embargo, si se comparan las nuevas cifras con las últimas que aprobó el CPFF (correspondientes al anterior Ejecutivo y al año 2011), las comunidades tendrán que hacer más esfuerzos que los que les planteó el Gobierno socialista, que fijó un déficit autonómico del 1,1% para 2013 y del 1% en 2014.

Tras la reunión, del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha considerado "ambiciosos" los objetivos fijados y ha asegurado que sirven para mandar un mensaje "claro y contundente" de que la reducción del déficit es una "prioridad absoluta".

Pendiente del cumplimiento de las CCAA

A pesar de las votaciones en contra y de las abstenciones de dos comunidades del Partido Popular, Montoro ha asegurado que todas las comunidades lograrán los objetivos fijados, ya que todas están "absolutamente comprometidas" con esta tarea.

En cualquier caso, el ministro también ha apremiado a las regiones a avanzar en la supresión de empresas públicas al detectar numerosos incumplimientos en esta materia, ya que solo se han eliminado dos de las 600 previstas.