Así lo ha dado a conocer este miércoles en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno la portavoz, María Solana, que ha estado acompañada por el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, y la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont.
La consejera ha detallado que con esta decisión el Gobierno trata de que los tribunales "determinen si existe responsabilidad penal o civil en la financiación irregular con fondos públicos para la construcción de la planta". "Vamos a llevar a los tribunales a las personas jurídicas responsables que son Bioenergía Ulzama S.A. y Levenger S.L. por si sus actuaciones a la hora de financiar el proyecto fueran constitutivas de delito o de infracción civil", ha expuesto.
Beaumont ha defendido que, a pesar del archivo por parte de la Fiscalía del caso de la planta de biometanización, "como Gobierno, entendemos que tenemos el deber" de emprender acciones legales contra las personas jurídicas responsables porque "ha habido un perjuicio al erario público, que es de todos, y hay que depurar esas responsabilidades".
Asimismo, preguntada por si estas acciones legales también podrían ser extensivas al Ayuntamiento de Ultzama, Beaumont ha afirmado que "no está ni decidido ni descartado que haya que accionar también" contra el Consistorio.
DOBLE FINANCIACIÓN
El Ejecutivo foral entiende que de la revisión interna de los expedientes de las subvenciones concedidas y del informe realizado sobre la materia por la Cámara de Comptos, que "la financiación irregular con fondos públicos de esta infraestructura pudiera ser constitutiva de delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevariación y estafa".
Analizados los expedientes de los departamentos así como el informe de Comptos, el Gobierno de Navarra entiende que se produjo "una doble financiación en la construcción de la planta de biometanización; al Ayuntamiento de Ultzama, por parte de Desarrollo Rural, y a Bioenergía Ultzama S.A., por parte de Desarrollo Económico".
En este sentido, el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha remarcado que "ha habido claramente una doble subvención" y ha concretado que "el perjuicio económico que se ha producido claramente para las arcas públicas es de 341.000 euros, el 30% del exceso, más los intereses y cargos correspondientes".
Según la documentación, la empresa habría pagado 1.138.837,78 euros, IVA excluido, "por encima del coste del proyecto". La empresa "abonó ese importe al Ayuntamiento de Ultzama, quien a su vez lo abonó a otra sociedad mercantil, y luego pagó el 100% de los gastos de construcción a otros proveedores". Todo ello "sin que existiera constancia de una modificación del proyecto de inversión que se presentó para obtener las subvenciones". El Gobierno de Navarra entiende que a "las posibles irregularidades" contribuyó "el entramado societario en torno a la planta de biometanización".
En este sentido, el Gobierno destaca que en el informe emitido por la Cámara de Comptos en abril de este año, se detectaron "incumplimentos graves de la normativa de contratación pública por parte de los responsables del Ayuntamiento de Ultzama, así como una doble facturación en la construcción de la planta de Biogás, dándose el caso de que empresas distintas llegaron a cobrar por el mismo concepto".
El "incumplimiento" de los requisitos en materia de subvenciones motivó que los departamentos de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, y de Desarrollo Económico solicitasen el reintegro de las cantidades aportadas a la construcción del proyecto.