La decisión ha sido adoptada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Se trata de municipios, con una deuda pendiente de 763,9 millones de euros, que en los años 2012 y 2013 no formalizaron préstamos con el entonces Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores de las Entidades Locales por no tener un plan de ajuste aprobado. Tampoco se acogieron a una medida idéntica que se habilitó en dos ocasiones en el año 2015.
Para optar de nuevo a esta vía, tendrán que aprobar las condiciones que no asumieron en esos años anteriores, es decir, tendrán que aprobar un plan de ajuste y someterlo a la valoración del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Si lo hacen, pueden acogerse a un importante ahorro de costes financieros porque el tipo de interés aplicable es más reducido del 5% anual actual.
La Secretaría General de Financiación Autonómica y Local (SGFAL), mediante Resolución y por delegación de la Comisión Delegada, determinará el procedimiento y plazos para hacer efectiva aquella modificación, así como la aprobación de la relación de municipios y los importes máximos a los que les resultará de aplicación y que serán equivalentes al saldo vivo de la deuda que mantengan con el compartimento Fondo en Liquidación para la financiación de los Pagos a los Proveedores de Entidades Locales.
Por Comunidades Autónomas, la que más municipios en esta situación reúne es Castilla-La Mancha, con 72 (26,9%), seguida por Andalucía, con 38 (14,2); Cataluña, 37 (13,8%); Aragón, 31 (11,6%); Castilla y León, 26 (9,7%); Comunidad Valenciana, 20 (7,5%); Extremadura, 14 (5,2%); Madrid, 11 (4,1%); Murcia, 5 (1,9%); La Rioja, 3 (1,1%); Galicia, 3 (1,1%); Cantabria, Asturias y Baleares, dos cada una (0,7%); y Canarias y Navarra, un municipio respectivamente (0,4%).