Entre otras cosas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que la legislación española no permite a los jueces paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves que respetará el "espíritu de la sentencia" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre desahucios pero garantizando la seguridad jurídica de la legislación actual.
Rajoy ha reconocido que la actual ley sobre la que se aplican los desahucios es de "tiempo inmemorial" y se ha comprometido a responder a esta problemática, de acuerdo a lo fallado por el tribunal europeo, "a la mayor celeridad". Además, ha recordado que dicha norma fue recurrida antes de que él llegara a La Moncloa.
"Hacer especulaciones ahora tiene poco sentido", ha continuado el presidente del Gobierno, que ha adelantado que el Ejecutivo que preside tomará una decisión "que respete el espíritu de la sentencia y garantice la seguridad jurídica".
Por su parte, el portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, que ha explicado que la reforma que se tramita actualmente en la Cámara, que aglutinará el proyecto derivado del decreto ley del Gobierno y la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la dación en pago, bastará para adaptar la legislación española a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Alonso ha dicho que esta adaptación implicará un proceso que se hará en breve plazo y que como máximo requerirá prorrogar hasta la próxima semana el plazo de enmiendas.
Antes, también en declaraciones en el Congreso, el ministro ha garantizado que, a la espera de un "estudio en profundidad" de la redacción de la sentencia, el Gobierno "naturalmente" incorporará la doctrina del TJUE a la legislación española. "Asumimos el compromiso de corregir aquellos aspectos que se consideren contrarios a la legislación europea", ha asegurado.
Esa corrección se hará aprovechando que el Congreso está tramitando conjuntamente tanto el proyecto de ley derivado del decreto ley que analizó los desahucios como la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dación en pago.
Según Gallardón, "afortunadamente" se está en plazo para hacer esas correcciones porque "hay un plazo de enmiendas para introducir aquellas modificaciones que sean necesarias". Dicho plazo de enmiendas concluye este viernes.