El Gobierno ha aprobado este jueves la solicitud a Burkina Faso la entrega del expresidente de Eurobank del Mediterráneo Eduardo Pascual, fugado desde 2015 y detenido en Uagadugú --capital del país africano--, para que pueda ser enjuiciado en España por la descapitalización fraudulenta de dicho banco y de la mutua Fortia Vida.
Pascual está considerado como el comisionista más importante del 'caso ERE' de Andalucía y uno de los españoles huidos más buscados. Fue detenido el pasado mes de mayo gracias a una compleja operación de la Policía Nacional en colaboración con la Interpol de España y Burkina Faso y el Agregado de Interior en ese país.
Hasta su arresto se encontraba en paradero desconocido después de aprovechar su situación de libertad condicional para huir con un pasaporte boliviano. Previamente, había pasado casi 15 meses en un centro penitenciario de Sevilla.
A propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, el Consejo de Ministro ha acordado que se haga una doble solicitud por dos hechos distintos. La primera petición se basa en delitos societarios continuados, así como asociación ilícita y estafa en grado de tentativa en relación concursal medial con falsedad documental e insolvencia punible por su presunta "participación en la descapitalización desde 1995 hasta abril de 2004 de Eurobank.
"ARTIFICIOSOS ESTADOS FINANCIEROS"
Según explica el Ministerio de Justicia en un comunicado, Pascual junto a otros directivos de Eurobank se habrían servido de la propiedad o administración de una serie de sociedades para sustraer activos, así como a defraudar a socios y clientes a través de la simulación de documentos. Los investigados de la despatrimonialización de Eurobank generaron "artificiosos estados financieros o situaciones contables, ocultando beneficios de forma ilícita", destaca Justicia.
La segunda solicitud de extradición tiene relación con la acusación por los delitos de asociación ilícita, estafa o apropiación indebida, insolvencia punible, delitos societario y de falsedad continuados, blanqueo, contra la Hacienda Pública y Seguridad Social y contra el derecho de los trabajadores y extranjeros, así como contra la administración por la descapitalización de la aseguradora catalana Fortia Vida entre los años 2011 y 2013.
En este caso, Pascual y otras personas creó un entramado societario para "ocultar y dar opacidad a operaciones de dudosa legalidad", como el desvío de los fondos a terceros perjudicando así a mutualistas, trabajadores y a la propia Hacienda Pública.
En septiembre de 2014, el reclamado prestó declaración ante la ex juez instructora del caso de los ERE fraudulentos Mercedes Alaya y aseguró que Fortia Vida recibió "100 millones de euros de la Junta de Andalucía" por asumir una serie de prejubilaciones de varias empresas, y ello merced a un "acuerdo entre el PSC de Cataluña y el PSOE andaluz".