El Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia de Cataluña han suscrito este jueves un convenio de colaboración para que la realización de las pruebas de acceso a la profesión de abogado y procurador, cuya próxima convocatoria tiene lugar en octubre, pueda llevarse a cabo por primera vez en catalán.
Se trata de un acuerdo que ha sido ratificado entre el responsable del departamento, Rafael Catalá, y el consejero de Justicia catalán, Carles Mundó, y que ambos han puesto como ejemplo de la colaboración existente entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña en lo relativo a la modernización de la Justicia.
Según ha explicado Catalá en declaraciones a los medios, se trata de un compromiso adquirido entre las partes hace medio año y que ve la luz después de la elaboración de varios informes jurídicos que acreditan que el acceso en catalán a estas pruebas y la consiguiente traducción de temas jurídicos no generan ningún tipo de confusión.
Por su parte, para Mundó, el acuerdo -que ya se firmó la pasada semana en Galicia y la Comunitat Valenciana-- trata del cumplimiento de un deber que pone de manifiesto "que cuando hay voluntad política para resolver las cuestiones siempre se encuentran soluciones a las dificultades técnicas" al tiempo que ha recordado que garantizar que dichas pruebas se puedan celebrar en catalán es un "derecho" para los que se presentan a las mismas.
REFORMA DE LA JUSTICIA
Además han suscrito otro convenio de colaboración para la distribución del crédito destinado a la reforma de la Administración de Justicia. Se trata de un compromiso acordado en el Consejo de Ministros del pasado 3 de junio por el cual se aprobó la distribución de un crédito de seis millones de euros entre las comunidades autónomas con competencias transferidas para el Programa de la Reforma de la Administración de Justicia, según el cual a Cataluña le corresponden 1.112.909 euros.
En virtud del convenio firmado, la Generalitat de Cataluña se compromete a destinar durante el ejercicio 2016 la cuantía recibida, entre otros proyectos, al impulso de las nuevas tecnologías que permitan avanzar hacia una Justicia digital, abierta e innovadora.
Así, entre los objetivos prioritarios de esta dotación económica se encuentran, según recalca el Ministerio en una nota, la digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal y su compatibilidad, de manera que se alcance la plena interoperabilidad; avanzar en la implementación de la Oficina Judicial y Fiscal; la mejora de los tiempos de resolución de los asuntos ingresados y el incremento de la seguridad jurídica necesaria para alcanzar mejoras en un servicio público de calidad.