Según el responsable de la cartera de Interior, el proyecto de Ley responde a los objetivos de despenalización de las faltas; nueva regulación de las potestades de intervención policial, más garantista; mejor la tipificación de las infracciones y se reduce el margen de discrecionalidad.
El ministro ha destacado que se han consultado a diversos órganos consultivos, como la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado y también ha incluido aportaciones de Greenpeace, Amnistía Internacional e Intermón Oxfam, con las que el ministro ha reconocido importantes discrepancias pero a las que ha agradecido su colaboración.
Fernández Díaz ha afirmado que esta ley prohíbe las identificaciones por "perfiles étnicos" o "masivas", además de regular los cacheos (sometidos "a los principios de no discriminación o injerencia mínima") y de limitar la estancia máxima en dependencias policiales para ser identificado a seis horas (y se expedirá un volante acreditativo del tiempo transcurrido en dichas dependencias policiales).
Fernández Díaz ha defendido que el proyecto de ley, que sustituye a la denominada 'Ley Corcuera' de 1992, es "profundamente garantista" y tiene "pleno encaje" en la Constitución. Divide las sanciones en tres niveles, leves (multas de entre 100 y 600 euros), graves (entre 601 y 30.000 euros) y muy graves (entre 30.001 y 600.000 euros). Estas dos últimas consideraciones pueden ser divididas a su vez en grados: mínimo, medio y máximo.
Entre los aspectos más polémicos de la futura ley, el de las manifestaciones, el ministro ha defendido que no modifica la actual regulación y "sólo pretende sancionar las acciones violentas, agresivas o coactivas" y, además multa, la perturbación del desarrollo de una manifestación.
Por su parte, las concentraciones frente al Congreso, el Senado o las Asambleas legislativas son consideradas como infracción leve si no han sido comunicadas y se elevan a graves si además están acompañadas de una perturbación grave de la seguridad ciudadana.
En este punto, ha reconocido que este proyecto de ley no hubiera influido en la absolución de los responsables del asedio al Parlament, ya que fueron juzgados por el Código Penal. Sin embargo, ha asegurado que por la vía administrativa sí hubieran tenido que hacerse cargo del pago de una multa.
Fernández Díaz ha insistido en que el objetivo es garantizar la seguridad ciudadana "sin menoscabo alguno" a los derechos fundamentales y libertades públicas que la Constitución reconoce a los ciudadanos.
Esta normativa se tramitará en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.