El fiscal general del Estado ha dicho en un desayuno informativo organizado por Europa Press al ser preguntado por la persecución de los delitos de odio.
Sobre este aspecto, el fiscal general del Estado ha afirmado que le preocupa que "a falta de jurisprudencia" el Ministerio Público no tenga una instrucción que clarifique cuando se está ante un delito de esta tipología.
Sánchez Melgar ha lamentado que en las redes sociales algunos usuarios tienen comportamientos que causa "perplejidad" al publicar mensajes sobre personajes público y parece que "todo es gratuito, que todo vale".
"En redes sociales no puede decirse cualquier cosa, son comportamientos que entran directamente en la difamación pública", ha enfatizado.
Aunque ha hecho alusión a las diligencias abiertas contra centros educativos, no ha querido pronunciarse sobre casos particulares. De este modo, ha evitado dar su opinión sobre el joven que ha sido multado por publicar un montaje fotográfico en el que sustituyó el rostro del Cristo Despojado, de Jaén, por su cara.
"Aquello que no es más que la palabra, que no es más que una mera defensa, no puede tener ningún valor", ha afirmado Sánchez Melgar durante los Desayunos de Europa Press, tras ser preguntado por esta estrategia de defensa después de que, el pasado lunes, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados implicara en sede judicial, aunque sin pruebas, a Esperanza Aguirre, a Cristina Cifuentes y a Ignacio González en la presunta financiación irregular del partido.
El representante del Ministerio Público ha explicado que "toda persona que aporte pruebas, revelaciones con consistencia documental, tendrán algún objeto de valoración" por parte de la Fiscalía de cara a introducir algún posible atenuante en la condena.
En este sentido, ha reiterado que "las imputaciones se hacen con pruebas, no de forma gratuita", pues lo que no se puede permitir es "difamar". "Las difamaciones no deben ser gratuitas, deben ser pagadas, compensadas con una sanción", ha subrayado.
Por eso, Sánchez Melgar ha sugerido la posiblidad de realizar una reforma legislativa o "estudiar" cómo se podrían sancionar esas "difamaciones gratuitas", ya que lo considera que es una "demanda social".