El empresario Jorge Ignacio Roca Samper, único encarcelado por el caso Emarsa, ha contribuido a desvelar el entremado de los lodos de la empresa pública Emarsa y el desfalco de más de 25 millones de euros a través de la gestión de la depuradora de Pinedo. "Mi principal función era hacer sobrefacturación y sacar el dinero para repartirlo", ha aseverado. Su comisión era el IVA, el 16%. "Yo era un comisionista, un intermediario", ha llegado a afirmar.
Roca, quien se enfrenta a una pena de ocho años de prisión por un delito de malversación y de falsedad en la pieza principal del caso Emarsa, huyó de la justicia tras destaparse el caso Emarsa en el año 2010 y fue arrestado en Moldavia en2015 y extraditado a España.
El fugado ha explicado que otro empresario que no figura acusado en esta causa, Jorge Borrás, como conocía sus "capacidades", le pidió que emitiera facturas falsas para Emarsa y que se quedara una comisión, propuesta que aceptó. "Para mí, era una empresa privada, no sabía que era pública", ha señalado en varias ocasiones. "Era una empresa a la que tenía que sobrefacturar. Hay que facturar tantas toneladas a tantos euros, me decían", ha manifestado.
Roca, quien antes de facturar para Emarsa se dedicaba a temas de inmobiliaria, construcción y asesoría, ha explicado que solo ha estado en una ocasión en la depuradora de Pinedo --pero desde el coche, sin llegar a pisarla-- y que su interlocutor con la empresa pública era Borrás. "Cuando Emarsa me ingresa el dinero, lo extraigo de la cuenta y se lo doy a Borrás. Así estuve durante tres años hasta que propuse hacerlo mediante tarjetas bancarias", ha aseverado.
Con el tiempo, Emarsa se convirtió en su principal cliente. "Suponía el 80-90% de la facturación de mis empresas", ha señalado. El empresario, quien ha aclarado que no tenía "ni idea" del tema de los lodos, ni cómo se recogían, ni quién lo transportaba, ha dicho que solía llevar a València mensualmente entre 200.000 y 300.000 euros, y sabía que estas cantidades no eran solo para una persona.
Al establecer el sistema de tarjetas bancarias se enteró de que había cuatro personas "principales" que debían cobrar "lloviera o no" tres euros por tonelada, aunque no ha especificado quiénes: "Esos eran sagrados". Por otro lado, había otros que cobraban un euro, entre los que ha citado al empresario Adolfo Polo o el ex director financiero de Emarsa Enrique Arnal. Borrás y el empresario José Luis Sena también tenían su tarjeta, ha añadido.
Fue Sena quien le concretó en ese momento qué cantidades y cómo se tenían que repartir entre las diferentes tarjetas. Roca ha indicado que él no tenía tarjeta porque tampoco le hacía falta, ya que no tenía que extraer el dinero que Emarsa ingresaba en sus cuentas a través de facturas falsas.
"ME AVISABA URGENTEMENTE"
Cuando su banco le dio las diferentes tarjetas, ha explicado que bajó a València y se las entregó directamente a Sena. "Se las dí separadas por sobres. En cada sobre había dos o tres tarjetas con sus correspondientes números PIN". Interpelado por cómo le avisaban de que se habían abonado las facturas falsas, ha respondido: "Se me avisaba urgentemente por parte de Sena. Me decía 'la transferencia ya la tienes'. Y no hacía falta que me reclamaran el dinero. Yo tardaba 24 horas en sacar el dinero y entregarlo", ha expuesto.
Roca ha afirmado que si hubiera sabido que Emarsa era una empresa pública, hubiera actuado de otra manera: "Yo he organizado facturas falsas para muchas sociedades, porque sé que es un fraude fiscal y asumía el riesgo. Pero otra cosa es asumir el riesgo extra de una empresa pública --posible delito de malversación de caudales--". "Yo no tenía por qué saber que Emarsa estaba capitalizada por Epsar, Emshi o no sé quién", ha apostillado.
Asimismo, ha indicado que "en alguna ocasión he llegado a decir que tenía la cobertura del PP" y ha agregado que en Emarsa "había mucha manga ancha con la Administración". También ha explicado que cuando cambió de identidad --al fugarse-- "no era por Emarsa". "En Rumanía --ha añadido-- trabajaba desde 2005 y me trasladé allí en 2010, a Bucarest, a un apartamento. Tenía operaciones un poco más oscuras y tuve problemas con policías", ha confesado.
"ENGAÑADO" POR BERNÁCER
Por otro lado, este martes ha declarado el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) José Juan Morenilla, quien se ha desvinculado por completo de la actuación de su subordinado, Ignacio Bernácer, exjefe de Explotaciones de la empresa, quien ha confesado una trama de comisiones en el caso Emarsa en la que le ha acusado de participar: "Bernácer fue corrompido en este procedimiento y me ha estado engañando durante 23 años", ha dicho.
En esta línea, el acusado ha manifestado que conoció a Bernácer --quien en la vista reconoció haberse llevado comisiones de la trama de los lodos y haberlas repartido con Morenilla, Enrique Crespo y Esteban Cuesta-- en el año 1993 y ha señalado que durante "muchísimos" años han estado trabajando "codo con codo". "Creía que era una excelente profesional pero, por desgracia, en este proceso fue corrompido y me ha estado engañando durante 23 años", ha lamentado.
"Bernácer me daba cuenta de su trabajo pero a grandes rasgos", ha agregado, al tiempo que ha insistido en que él era "gerente en funciones" y tenía "muchísimas actividades, con lo que no podía estar en el día a día de las depuradoras. Teníamos 450 depuradoras en la entidad de saneamiento", ha recordado.
Además, ha señalado que él no hacía "lo que le daba la gana" en la entidad de saneamiento, puesto que "había un consejo de administración y un presidente". También ha afirmado que no podía inspeccionar el destino de los fondos de Emarsa y que, si hubieran visto algún tipo de peligro en la depuradora, hubieran intervenido.
"Nosotros jamás inspeccionamos la contabilidad de las empresas. Entendíamos que si la depuradora funcionaba correctamente, los fondos estaban bien destinados". Y ha agregado: "Nuestra unica preocupación fue la salud del medioambiente y la preocupación de las personas. Cualquier céntimo de euro de caudales públicos me preocupa y es relevante", ha dicho, para acusar al socalista Ramón Marí de cobrar 31.500 euros además de recibir regalos del Consejo de Administración.
Preguntado por dos cajas de seguridad que tenía abiertas, ha dicho que en ellas guardaba periódicamente documentación sobre una patente "que luego no fructificó".
Preguntado por su relación con el PP, el acusado, para quien la Fiscalía reclama 14 años de prisión, ha manifestado que no es militante de ningún partido político. Lo que sí ha indicado es que en esa época, "todos los gerentes o altos cargos que había tenían que pagar la cuota del partido. A mí me obligaron a pagar la cuota y creo que la dejé de pagar en 2009 ó 2010", ha afirmado. Le pidió estos abonos el exconseller José Ramón García Antón.
Por otro lado, ha afirmado que a Enrique Crespo lo conocía por ser alcalde de Manises y ha señalado que únicamente lo veía en comisiones de siguimiento y en "algún acto". Sobre el exgerente Esteban Cuesta ha indicado que mantuvo "muy pocas" reuniones con él --pese a que en la agenda de Cuesta se anotaban encuentros mensuales-- y que escuchaba sus reivindicaciones de dinero porque "faltaba para pagar nóminas", le comentaba.