La Fiscalía de Madrid ha desmentido este viernes "cualquier tipo de acuerdo" con José Luis Aneri, el principal acusado en el fraude de los cursos de formación, después de que éste declarase ante el juez que el fiscal le ofreció en abril de 2014 liberarle de prisión si "exculpaba" a la Comunidad de Madrid, han informado a Europa Press fuentes fiscales.
El actual abogado de Aneri ha destacado a Europa Press que su cliente nunca se reunió con ningún fiscal para tratar este asunto, indicando que fueron sus anteriores letrados los que llevaron el tema.
Amparándose en su secreto profesional, el anterior letrado no ha querido entrar en el asunto, limitándose a señalar que en su declaración anterior nadie comentó nada de la Comunidad, dejando en el aire que esta revelación sobre un supuesto acuerdo no fue tal y como se está contando.
Aneri fue detenido el 26 de febrero de 2014 acusado de presuntamente estafar 2,6 millones en cursos de formación a 26 asociaciones empresariales. El empresario ingresó en prisión provisional el 1 de marzo, siendo asumida la causa días después por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid.
A instancias de la Fiscalía, que se opuso entonces a su libertad bajo fianza por peligro de fuga, se practicaron diversas diligencias de investigación, como la entrada y registro a su vivienda situada en el madrileño distrito de Chamartín.
El 25 de abril de 2014, Aneri volvió a declarar ante el juez instructor, estando presente el decano de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía.
Unos días más tarde, el 28 de abril, la Sección 15 de la Audiencia madrileña establece en un auto que no hay riesgo de fuga dado el arraigo de Aneri a España al ser una persona casada con hijos. Los magistrados recomendaron entonces al instructor que revisara la situación procesal del acusado.
El juez hizo entonces suyos los argumentos y el fiscal acordó ahora no oponerse a la puesta en libertad, dado que ya no existía peligro de que fuera a irse de España.
Más de un año más tarde, el 22 de julio de 2015, la Fiscalía Provincial de Madrid acordó pasar el caso a la Fiscalía Anticorrupción, según apuntan las mismas fuentes.