El escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que el querellado, alcalde entre junio de 2011 y el mismo mes de 2014, comenzó cobrando 1.094 euros por una dedicación del 75 de su tiempo, tal y como se acordó en el pleno de junio de 2011, pero en febrero del año siguiente, sin pasar por el pleno y contando con el acuerdo de la junta de gobierno, pasó a cobrar 1.928, por dedicación completa.
"El querellado además percibió durante los ejercicios 2011-2012 la cantidad de 1.178 euros en concepto de indemnizaciones por asistencia a plenos y reuniones de órganos colegiados cuando dicha percepción era incompatible con el régimen de dedicación total", argumenta la Fiscalía.
"Estas retribuciones --sostiene la fiscal instructora-- fueron fijadas por el querellado y por tanto percibidas por él mismo con clara vulneración de lo previsto en el artículo 75 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local".
La Fiscalía abrió diligencias tras una denuncia del actual alcalde, el socialista Dante Pérez, asegurando que su antecesor, ahora concejal en la oposición, cobró una cantidad superior a la que tenía asignada en el pleno.