La denuncia, que ha sido adelantada por Voz Populi, explica que de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos "un partido será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos" o cuando legitime la violencia "como método para la consecución de objetivos políticos".
Según han informado fuentes fiscales, el Ministerio Público ha abierto un expediente interno que se ha cerrado sin iniciar diligencias de ordenación en relación a este escrito que denuncia que la CUP está "apoyando, promoviendo y defendiendo públicamente un acto ilegal que atenta directa y frontalmente contra la Constitución española".
Igualmente dice que es "público y notorio" que el partido independentista "está promocionando y viene defendiendo la celebración" de la consulta ilegal de Cataluña, que "atenta" contra los principios de la Constitución Española.
La denuncia alega que, según el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Generalitat "no tiene competencia alguna" para convocar consultas populares por vía de referéndum para decidir sobre su integración en España.
Además expone que en Cataluña "se ha evidenciado el uso de la violencia" contra los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, en relación a los hechos ocurridos los pasados 20 y 21 de septiembre en Barcelona durante los registros y detenciones ordenados por un juzgado de instrucción por la celebración del referéndum del 1 de octubre.
LLAMAMIENTOS A LA VIOLENCIA
Al respecto dice que la CUP está detrás del llamamiento que se hizo a la ciudadanía para tratar de impedir la acción judicial y dice que esta convocatoria a la "movilización tumultuosa y violenta" no ha sido aislada. "Este alzamiento de voz para agitar la convivencia pacífica con la finalidad de atentar contra la Constitución Española se ha repetido en numerosas ocasiones por miembros de la CUP", dice el escrito.
En concreto se hace eco de "amenazas" de dirigentes de esta formación anticapitalista, como es el caso de la diputada Anna Gabriel que dijo en febrero de este año que si no se permitía la celebración del referéndum independentista "se tendría que responder frente al Estado aunque fuera de forma cruenta". También dice que este verano otros miembros del partido respaldaron ataques violentos contra autobuses turísticos.
No es la primera vez que se presentan este tipo de escritos, el partido Vox ya registró en diciembre de 2015 una petición de ilegalización de la CUP y ERC por su posicionamiento en defensa de la independencia de Cataluña y lo hizo amparándose igualmente en la Ley de Partidos y el Código Penal.