Cuando la Fiscalía General del Estado recibe este tipo de denuncias por parte del Defensor del Pueblo, el trámite que se suele seguir es comunicarla a la Fiscalía competente, en este caso la de Madrid, que será la que investigue los hechos, según han explicado las fuentes consultadas.
La denuncia mencionada se registró ayer después del último incidente ocurrido en el CIE madrileño el pasado 31 de julio, cuando varios internos intentaron huir utilizando el soporte de una canasta a modo de ariete para tratar de forzar una puerta que daba al aparcamiento sin conseguirlo, según la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Concretamente, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán -que ocupa el cargo tras cumplir su mandato Soledad Becerril--, da traslado en su escrito de denuncia de la queja de 13 internos del CIE que aseguran ser menores de edad, por lo que, de ser así, no deberían estar en un CIE, sino en un centro específico.
Así, será el Ministerio Público el que determine si procede hacer alguna revisión de la situación de unos internos sobre los que, según recuerdan fuentes policiales, no se adopta ninguna decisión sin el respaldo previo del juez de control de cada CIE, aplicando el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior aprobado en 2014.