En el decreto de incoación, recogido por Europa Press, la fiscal Teresa Duerto considera que por la denuncia presentada por el consistorio, el contenido de la noticia de 'El País' y los correos electrónicos, "podrían haberse cometido hechos que podrían revestir en principio los caracteres de delito continuado de falsedad documental y de estafa".
Por eso, pide requerir al consistorio, en un plazo máximo de 15 días desde la recepción del requerimiento, el contrato suscrito con FCC Servicios Ciudadanos del servicio de limpieza y recogida de residuos desde 2013.
También le pide toda la documentación de los datos de la marcha de los servicios contratados que la empresa adjudicataria tenía obligación de comunicar al consistorio y en base a los cuales se facturaban estos servicios dando lugar a las certificaciones para su pago y el resultado de la investigación interna.
A través de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía se requiere al diario 'El País' que aporte la documentación en su poder sobre el caso.
En su denuncia, el Ayuntamiento explicaba que se han acreditado "presuntos indicios de criminalidad" en la información facilitada por el periodista, que explicaba la presunta manipulación de datos de facturación de los servicios en las relaciones valoradas que dan lugar a las certificaciones para el pago de dichos servicios.