Esta postura contrasta con el escrito presentado por la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que se solicitaba la apertura de juicio oral contra los imputados al considerar acreditado que hubo vigilancias de personas vinculadas al Gobierno regional durante los meses de marzo a mayo de 2008, en la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Se formulaba así escrito de acusación contra los seis investigados, entre ellos el entonces director de Seguridad de Madrid Sergio Gamón, y su 'número dos', Miguel Castaño Grande. Además, formula acusación contra tres guardias civiles implicados en el caso y un funcionario regional.
La Abogacía de la Comunidad entiende, en su escrito, que los hechos descritos en el caso son constitutivos de un delito de malversación de uso de caudales públicos.
Por su parte, la acusación popular que ejerce el PSOE de Madrid en el caso solicitaba penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados dentro de su escrito para solicitar a la juez Carmen Valcarce la apertura de juicio oral. La Audiencia de Madrid ha ordenado hasta en tres ocasiones la reapertura del proceso a instancias del PSOE.