El Ministerio Público solicita, además, 8 años para el liquidador de empresas Ángel de Cabo, que se encargó de la operación de vaciamiento, y 8 años y nueve meses para el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz de Santamaría. Por su parte Iván Losada, número dos de De Cabo, se enfrenta a una petición fiscal de 4 años y tres meses.
El fiscal Daniel Campos acusa de delitos de alzamiento de bienes y concurso fraudulento a otras 7 personas. Tanto Díaz Ferrán como De Cabo se encuentran en prisión provisional por esta causa.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ordenó la detención de 9 personas en diciembre de 2012, en el marco de una operación Crucero, que se inició a raíz de tras una denuncia presentada en febrero de ese año por las mayoristas AC Hoteles, Melià, Pullmantur y el Grupo Horizonia.