La Fiscalía General del Estado ha defendido su actuación frente al criterio del juez de instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, en la causa sobre el 'pequeño Nicolás' que investiga, entre otras cuestiones, una grabación ilegal producida en octubre de 2014 a policías y miembros del CNI.
El fiscal asignado en este caso, Alfonso San Román, contravino lo ordenado por el juez y el pasado 29 de junio solicitó que se disolviera la comisión judicial en la que participa el exjefe de Asuntos Internos de la Policía, el comisario Marcelino Martín Blas, por la "extralimitación intolerable" en las diligencias practicadas.
Este jueves, la Fiscalía General del Estado ha emitido un comunicado en el que ofrece todo su apoyo a Alfonso San Román. "La Fiscalía General del Estado apoya íntegramente la actuación del fiscal encargado del caso y pide que se interprete en los estrictos términos de legalidad procesal y de imparcialidad a los que se ajusta", dice la nota.
"Lejos de frenar la investigación", añade sobre el papel desempeñado por el representante del Ministerio Público, "sólo pretende garantizar su calidad, pureza e imparcialidad, salvaguardando con ello la eficacia probatoria". Además avisa de que "velará por la debida aplicación de las normas que regulan la competencia y los supuestos de conexidad delictiva".
El juez asignó hace un año a Martín Blas y al inspector Rubén López como responsables de la comisión judicial a pesar de que estos dos agentes fueron los perjudicados de la grabación -filtrada a la prensa-- del 20 de octubre de 2014, origen de la causa bautizada como 'Nicolay', en la que hablaban sobre las actuaciones relacionas con el 'pequeño Nicolás'.
Al ser "testigos presenciales" de esa conversación con otro agente de la Policía y dos miembros del CNI, el fiscal consideraba, de entrada, que ya habría motivo suficiente para que se disolviera la comisión judicial. También pedía que se anulara sólo la parte de la investigación elaborada por Martín Blas y Rubén López y recordaba que aún no habían sido capaces de aportar pruebas concluyentes sobre el autor de la grabación.
RELACIÓN DE VIAJES A CATALUÑA
El 20 de mayo, la comisión judicial había apuntado a otro comisario, José Manuel Villarejo, como autor de la grabación, un asunto que se encuadra en el enfrentamiento entre altos mandos de la Policía. En ese informe, que tampoco contó con el visto bueno del fiscal, se pedía la detención de Villarejo y la imputación, entre otros, de Eugenio Pino, el exdirector adjunto operativo (DAO) de este Cuerpo.
En una providencia del 11 de julio, el juez Zamarriego eludió pronunciarse sobre la petición del fiscal y reclamó a la Dirección General de la Policía la relación de los viajes oficiales a Cataluña que realizaron los comisarios Villarejo y Martín Blas entre 2012 y 2014, durante la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.
La decisión del juez se produjo después de las diferencias en las versiones de Villarejo -que permanece investigado por un delito relacionado con revelación de secretos, encubrimiento y otros delitos contra la Administración de Justicia-- y de Martín Blas. El primero aseguró el 6 de julio que trabajó "intensamente" con el segundo en Cataluña en relación con investigaciones que afectarían a políticos independentistas. La versión de Martín Blas fue que no habían coincidido más de cuatro veces con éste.
INVESTIGAR A PUJOL
El abogado de Villarejo explicó poco después que estos viajes se realizaron desde la "neutralidad política". La grabación de su declaración del 6 de julio, a la que tuvo acceso eldiario.es, revela que dio nombre concretos de políticos. "Yo investigaba a la familia Pujol y él (en referencia a Martín Blas) se encargaba de captar fuentes como el señor éste de las grabaciones del ministro", desveló en referencia al ya exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (AOC), el magistrado Daniel de Alfonso.
De Alfonso fue cesado de este cargo por el Parlament de Cataluña después de que en la recta final de la campaña electoral del 26J el diario 'Público' informara del contenido de unas conversaciones secretas mantenidas por éste en el despacho del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Estas grabaciones están en posesión de la Fiscalía General del Estado y han motivado una investigación en paralelo de la Comisaría General de la Policía Judicial.
Tampoco coincidieron las versiones de los comisarios en sede judicial a la hora de definir su relación personal. Villarejo remontó sus divergencias a 2012, a raíz de la 'operación Emperador' contra la mafia china. Este comisario recriminó en un momento de la investigación al entonces responsable de Asuntos Internos que estuviera investigando a compañeros policías a espaldas del juez. Pero éste, sin embargo, reaccionó "presionándole", según la versión del primero, para lo que incluyó entre los detenidos en 'Emperador' al hijo de Villarejo.