Empleo estima que se conseguirá un ahorro cercano a los 300 millones de euros en la gestión de la incapacidad temporal con la mayor intervención de las mutuas en estos procesos.
En concreto, las mutuas podrán realizar el seguimiento de la prestación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común desde el primer día de la baja (hasta ahora sólo podían intervenir a partir del décimosexto día) y formular, como ocurre actualmente, una propuesta de alta médica "motivada".
En la redacción inicial de la norma, se establecía que si la propuesta de alta de la mutua no obtenía respuesta del servicio público de salud en un plazo de cinco días, se consideraría emitido el parte médico de alta en virtud del llamado 'silencio administrativo'.
Esta medida fue muy criticada por los sindicatos y finalmente ha sido eliminada del proyecto de ley. En el texto actual, la propuesta de alta de la mutua deberá ser respondida en cinco días hábiles por el servicio público de salud y, si éste no da respuesta, la mutua acudirá entonces a los inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que tendrán cuatro días para contestar.
No obstante, durante seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley, se establecerá un régimen transitorio que situará los plazos de contestación en once días en el caso de los servicios públicos de salud y en ocho días en el caso del INSS.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha desarrollado un "amplio y extenso" proceso de consultas para el diseño de este proyecto de ley, al tiempo que ha querido dejar claro que el alta "siempre la dará un médico".
Asimismo, el Gobierno ha aprobado este viernes el Real Decreto sobre Incapacidad Temporal (IT), que entrará en vigor de manera inminente y cuyo objetivo es avanzar en la mejora de la gestión y seguimiento de los procesos de IT y simplificar al máximo los trámites.
Para ello, se sustituye el actual sistema de expedición de los partes médicos de confirmación -de periodicidad semanal- por otro basado en la distinción de cuatro grupos de procesos (muy cortos, cortos, largos o muy largos), con distinta periodicidad en la expedición de los indicados partes.
A tal fin, la ministra ha explicado que se tomará como referencia una tabla orientativa de duración estimada de la IT del trabajador en función de su patología, edad y su ocupación real. Esta información no es vinculante, sino de naturaleza informativa.
En concreto, se establece que, en los procesos en los que se estimen cinco días de baja, el parte de baja y el de alta se podrán expedir en la misma visita médica. Si la duración de la IT se estima en entre cinco y 30 días, el parte de confirmación de la baja deberá expedirse cada dos semanas; si el proceso está previsto que dure entre 31 y 60 días, el parte de confirmación se dará cada 28 días, y en enfermedades de larga duración, de más de 61 días, la confirmación de la baja se expedirá cada 35 días.
Se simplifican los trámites para que los autónomos puedan acceder al cobro del paro
En el Consejo de Ministros se han aprobado también medidas que afectan a los trabajadores autónomos, quienes tendrán más fácil acceder a la prestación ya que se simplifican los trámites para el cobro de esta prestación.
Hasta ahora, el acceso de los autónomos al cobro del paro estaba ligado a la cotización por contingencias profesionales. La norma aprobada hoy desvincula ambos conceptos y mantiene como voluntaria la cotización por el cese de actividad, cuyo tipo se adaptará en las leyes de presupuestos, oscilando entre el 2,2% y el 4%.
Asimismo, el proyecto de ley reduce desde el 30% al 10% el nivel de pérdidas anuales por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción que debían acreditar los autónomos para acceder a la prestación, al tiempo que se mejoran los medios de prueba que pueden utilizar.
Según fuentes de Empleo, la documentación a acreditar por los trabajadores por cuenta propia se desarrollará en un reglamento, que se diseñará previa consulta con las organizaciones de autónomos y agentes sociales.
Báñez ha destacado que actualmente se rechazan el 80% de las solicitudes que realizan los autónomos para cobrar el paro. "Con esta norma, hemos cambiando las condiciones y las hemos mejorado", ha subrayado.
Actualmente, cerca de 700.000 autónomos cotizan voluntariamente por la prestación de cese de actividad, pero de las 6.000 solicitudes cursadas para obtenerla, sólo el 21% son resueltas favorablemente por parte de las mutuas, entidades que gestionan esta prestación.
Las organizaciones de autónomos se quejaban de que era prácticamente imposibilidad de demostrar entre los autónomos que tributan en módulos la existencia de circunstancias económicas que demuestren pérdidas o disminución de ingresos que justifiquen el cese de actividad, ya que en el caso de estos autónomos el rendimiento se determina mediante indicadores objetivos basados en la actividad y no se tienen en cuenta los flujos reales de ingresos y gastos.