Una pareja con dos hijos de 4 y 6 años ha presentado una querella en el juzgado de instrucción de incidencias de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) contra cinco mossos d'Esquadra por detención ilegal, coacciones y violación de domicilio al desalojarles de un piso ocupado propiedad de la Sareb en L'Hospitalet el sábado 8 de octubre.
En rueda de prensa, la abogada Anaïs Franquesa, del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia, ha explicado que la pareja había entrado en la vivienda, en el número 55 de la calle Holanda, estafada por una tercera persona que les había dado una llave a cambio de 500 euros, con la promesa de entregarles un contrato, después de encontrarse en una situación límite al haber sido desahuciados.
Según la querella, los cuatro miembros de la familia, así como la hermana de la madre, su madre y su abuela, fueron desahuciados de un piso del que no podían afrontar la hipoteca el 6 de octubre y fueron realojados en dos habitaciones, aunque ante la precariedad de la situación decidieron buscar una salida y entonces un hombre les ofreció las llaves del piso en cuestión por tres meses, por lo que pagaron 500 euros.
El padre de la familia entró en la vivienda el 7 de octubre con las llaves, según se recoge en la querella, pero la mujer y los niños no entraron ese día porque el inmueble estaba en muy malas condiciones, sino un día después, el sábado 8.
Alertada por los vecinos, acudió la mañana del 8 de octubre la Policía Local de L'Hospitalet, que regresó más tarde con los Servicios Sociales al constatar que en la vivienda había menores y les entregaron un 'acta de información a la persona investigada no detenida sobre sus derechos y de citación por causa penal' por presunta ocupación ilegal del inmueble.
Posteriormente algunos vecinos presentaron una denuncia en los juzgados por usurpación, y más tarde alertaron a los Mossos d'Esquadra, que acudieron a la vivienda aquella tarde, encontrándose en el inmueble la mujer, los dos niños y un activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Los Mossos acabaron entrando en la vivienda por la fuerza al ver que la mujer no les abría y detuvieron a su pareja, que en ese momento estaba fuera, según recoge la querella, que afirma que la policía catalana actuó siendo "conocedora" de que ya había actuado la Policía Local, de que los hechos estaban en conocimiento del juzgado de guardia y que no había ninguna orden de desalojo por autoridad judicial.
Desde los Mossos aseguran que actuaron al recibir a las 15 horas del día 8 la denuncia de la propiedad por una ocupación ilegal, y al hacer acciones comprobatorias, varios testigos confirmaron que la acción se había realizado a las 13 horas, además de que ese mismo bajo había sufrido otras ocupaciones, ha explicado un portavoz a Europa Press.
De este modo, al considerar que no habían pasado 24 horas, actuaron por una denominada "ocupación en caliente", que considera que no se ha constituido domicilio en el inmueble, por lo que no se vulnera el derecho a inviolabilidad de la vivienda, se detuvo al padre por daños y usurpación y se puso a disposición de la madre y los menores los recursos de los servicios sociales del consistorio.
CRÍTICAS A LA ACTUACIÓN
Para Franquesa, "la policía decide entrar en el domicilio a patadas usando la fuerza y echar a las personas que estaban dentro, ésta no es la manera de actuar de una policía democrática".
Desde la PAH, Elisa Miralles ha criticado que se trató de una "actuación sin garantías procesales, fuera de la ley y completamente desproporcionada" en la que se intimidó a una familia y se detuvo a uno de sus miembros de manera ilegal, en sus palabras.
Ha lamentado que se haya producido un "cambio directriz de Mossos a la hora de desahuciar" ya que hasta ahora el uso de la fuerza era la última opción, y ha instado al Govern a que investigue si hubo mala praxis y se depuren responsabilidades.
Ha interpelado a las administraciones para trabajar de forma coordinada para aumentar el parque de pisos públicos ante una situación de "emergencia habitacional" y ha recordado que según la Ley 24/2015 la administración tiene la obligación de realojar a familias desahuciadas, algo que en este caso todavía no se ha hecho ya que la familia vive ahora en dos habitaciones con siete personas.
La representante del Observatori Desc Laia Fargas ha valorado durante la rueda de prensa que se trata de "un caso muy grave" porque cuando hay menores en el domicilio hay protocolos especiales para garantizar su protección y la intervención policial con uso de la fuerza debe ser la última opción.
Irídia, la PAH y el Observatori Desc ya han anunciado que se personarán en la causa como acusación popular.