La Audiencia Nacional ha absuelto al exministro de Gobernación de Guatemala Carlos Vielmann por autorizar la ejecución de ocho reos entre 2005 y 2006 que se amotinaron o intentaron fugarse de dos cárceles del país centroamericano al considerar que no ha quedado acreditado que el acusado conociese las "circunstancias reales" en las que se produjeron la recaptura y fallecimiento de los presos huidos.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgó al exministro, con nacionalidad española y guatemalteca, acusado de elaborar, junto a otras seis personas, los planes 'Gavilán' y 'Pavo Real' para la captura y la ejecución de ocho presos en las cárceles conocidas como 'El Infiernito' o Pavón. En el juicio, Vielmann negó rotundamente haber participado en estos dos planes. "Tengo una hoja de vida que me ha costado hacer. Tengo una familia integrada, mi nombre no lo iba a manchar. No iba a permitir participar para matar a siete reclusos", afirmó.
La sentencia, que se ha dado conocer este miércoles y cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Pablo González, asegura que no ha quedado acreditado que Vielmann tuviera conocimiento de las "circunstancias reales" en que se produjo la recaptura y fallecimiento de los presos huidos, "más allá de los reportes que de tales acontecimientos iba recibiendo por los canales oficiales".
Al igual, consideran que tampoco ha quedado probado que "participase en la ejecución de los reclusos, ni ordenándola, ni autorizándola, ni manifestando su respaldo o aquiescencia, ni que conociese o tuviese razones para conocer o prever que podía producirse".
'PLAN GAVILÁN' Y 'PLAN PAVO REAL'
El Ministerio Público defendía que Vielmann diseñó el denominado 'plan Gavilán' para la "búsqueda y recaptura" de 19 reclusos fugados en octubre de 2005 de la cárcel de Máxima Seguridad, conocida como 'El Infiernito'. En esta operación, el 3 de noviembre un preso apareció muerto.
En el mes de junio de 2006 el exministro diseñó otra operación para retomar el control de la cárcel Granja Modelo de Rehabilitación 'Pavón', ubicada en Fraijanes, agregaba el fiscal. En esta ocasión, el denominado 'plan Pavo Real' tenía un objetivo "paralelo y oculto: causar la muerte a los reos que lideraban la población privada de libertad" y concluyó con siete fallecidos.
El tribunal, presidido por la magistrada Concepción Espejel, considera que el hecho de que existiese una "dependencia jerárquica respecto de los autores materiales de un hecho delictivo" no supone que el superior "ordene, autorice, o tenga conocimiento" de las actuaciones realizadas por un subordinado.
De hecho, apuntan que si fuese así, todos los integrantes del Gabinete de Seguridad que aprobó el 'plan Pavo Real' --entre ellos el presidente y el vicepresidente de la República-- serían responsables "pues la relación de jerarquía y subordinación, incluso, la relación de confianza presenta idénticos caracteres".
"ESTRUCTURA POLICIAL PARALELA"
Esta resolución incluye el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada que discrepa de sus compañeros y plantea dudas sobre la conveniencia de que el exministro no haya sido condenado al menos a los 160 años que solicitaba el Ministerio Público --20 años por cada uno de los ocho presos que fallecieron.
A su juicio, ha quedado probado su participación delictiva, más allá de la "duda razonable", de que la muerte de los presos fueron causados por una "estructura policial paralela integrada por algunos de sus más inmediatos colaboradores".
Apunta que si esta estructura policial paralela no estaba comandada directamente por Vielmann, la actuación "sí era admitida o consentida por él, sin poner ningún medio para su erradicación, en lo que era un claro acto de limpieza social".
Además, indica que no es verosímil que el exministro no fuera consciente de lo que estaba ocurriendo en un recinto cerrado, "cuyo interior estuvo recorriendo a pie y lo sobrevoló y en el que se llevaron a cabo acciones parapoliciales evidentes por personas disfrazadas de 'SWAT', con pasamontañas y armas espectaculares que nada tenían que ver con el armamento oficial".
De Prada rechaza también la "minimización" que realizan sus compañeros del tribunal de los testimonios de expertos sobres los hechos acontecidos e insiste en que la muerte de los reos se produjo de forma "ilegal e ilegítima", a causa de los disparos realizados por personas bajo las órdenes de "concretas personas, inmediatos colaboradores del ministro de Gobernación Carlos Vielmann".
SIMULACIÓN DE "MEROS ENFRENTAMIENTOS"
Además, al magistrado le sorprende que en esta resolución no se mencione a los mandos policiales intervinientes en los hechos, ni la forma como se produjeron, "simulando meros enfrentamientos con la policía que en realidad no existieron". Según De Prada, los cadáveres de los presos ejecutados fueron colocados en distintos lugares "creando escenas del crimen para cada uno de ellos" y con el objetivo de encubrir esos crímenes.
Por otro lado, el tribunal rechaza la tesis planteada por la acusación particular --que pidió 200 años por las 10 víctimas, dos más que la Fiscalía-- de considerar los delitos de lesa humanidad, al entender que, aún aceptando que los actos se tratasen de "limpieza social", tendrían que formar parte de un ataque generalizado y sistemático.
A juicio del tribunal, nada de eso "acontece en el caso analizado". "Tampoco existe la menor constancia de un plan diseñado desde el Gobierno para su eliminación física", indican los magistrados.