Toda la documentación del caso, que supera los 15.000 folios y los 20 gigas de peso, ha sido entregada este viernes a las partes en los dispositivos informáticos que entregaron al efecto después de que la titular del Juzgado decretara el levantamiento de sumario de esta causa que supuso la detención, a mediados del pasado abril, del exalcalde; de la exedil de Urbanismo, Isabel Nieto, además de empresarios y funcionarios municipales.
Según se desprende de la documentación del sumario, a la que ha tenido acceso Europa Press, Torres Hurtado está siendo investigado por los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, prevaricación, falsedad documental y cohecho.
En el sumario se incluyen las declaraciones de los 17 investigados; extensa documentación de los ocho expedientes urbanísticos que componen la causa; además de recortes de prensa, correos electrónicos y los informes policiales elaborados hasta la fecha, en los que se alude a la existencia de una trama que actuaría como una "verdadera organización criminal".
Lo basan los investigadores en la existencia de "una pluralidad de personas" con una estabilidad en el tiempo --los hechos investigados se desarrollan desde 2001 a 2016-- y una jerarquía establecida con el reparto de funciones.
En "la cúspide" de la trama sitúan algunos informes policiales a Torres Hurtado, alegando que "estaría al tanto de todo lo acontecido en el urbanismo de Granada confiando en sus dos más estrechos colaboradores", en relación a la exedil de Urbanismo y el también investigado Manuel Lorente.
Para los investigadores, la persona "que controlaría de facto el urbanismo de Granada" sería Lorente y "la tercera persona en esta cúspide sería Isabel Nieto".
ISABEL NIETO
Ella está siendo investigada por los supuestos delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, fraude en la contratación, cohecho, falsedad en documento público, malversación de fondos públicos, contra la ordenación del territorio, blanqueo de capitales y acoso laboral.
Se alude en las investigaciones policiales a supuestas "injerencias" de Nieto sobre "lo que tenían que contener los informes", además de que por parte de "altos cargos de Urbanismo y del Ayuntamiento se intentaron presuntamente imponer criterios no acordes con la legalidad urbanística" y en contra supuestamente de los criterios de los técnicos, mediante "presiones".
Según las investigaciones policiales, los expedientes a los que se trató de dar "apariencia de legalidad urbanística" eran tramitados por departamentos a los que por sus competencias no procedía elaborar ni informar sobre ellos, reasignando incluso los expedientes a funcionarios "conniventes o pertenecientes a la trama".
La Policía sitúa por debajo de Torres Hurtado, Lorente y Nieto a "los diferentes funcionarios que participarían en la trama" y cuya actuación era "totalmente necesaria".
El Juzgado de Instrucción 2 investiga, tras la querella del Ministerio Público, la alteración y modificación presuntamente fraudulenta del concurso-licitación de la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo situada en la calle Torre de la Pólvora 35 de Granada que tenía por objeto la ejecución de un pabellón deportivo.
A las diligencias de Instrucción 2 se acumularon como pieza separada otras del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, incoadas también en virtud de una querella de la Fiscalía en relación a las irregularidades en las obras de urbanización del Plan Parcial PP-N2, desviación de un barranco y concesión de licencias de primera ocupación de 300 viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la Luz.
Asimismo, de las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental y la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF pueden resultar irregularidades en otros expedientes tramitados por la Gerencia de Urbanismo que están siendo objeto de investigación.
La Policía Nacional ha trasladado recientemente al Juzgado que la duración aproximada del estudio de la documental obrante en las actuaciones, consecuencia de los distintas entradas y registros practicadas el 13 de abril en las viviendas de los investigados, así como del estudio de la información procedente del volcado de los distintos dispositivos electrónicos, tendrá una duración no inferior a seis meses.
Junto a ello, el pasado 13 de octubre, el personal de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional hizo entrega a la Junta de trece cajas de documentación con entre 15.000 y 18.000 folios agrupados en ocho grandes asuntos para el "debido enjuiciamiento de las cuestiones urbanísticas".
La Junta especifica también al juzgado que "sin perjuicio del carácter prioritario" que se le ha otorgado a la elaboración de sus informes, el tiempo estimado para su elaboración, una vez completada la documentación que sea requerida, se estima en un plazo no inferior a seis meses.