La Policía Nacional ha desarticulado en Euskadi un grupo organizado responsable de dotar de documentación falsa a extranjeros para obtener ayudas sociales por un importe total estimado de 3,7 millones de euros desde 2013. En total, se ha detenido, desde agosto del pasado año, a 186 personas, 163 de ellas en Gipuzkoa y el resto en Bizkaia y otras provincias españolas, mientras que se intenta localizar a otras 59, y se han detectado 331 documentos falsos.
En rueda de prensa en San Sebastián, el delegado del Gobierno en Euskadi, Javier de Andrés, ha informado de esta operación policial junto al subdelegado del Gobierno central en Gipuzkoa, José Luis Herrador, el Jefe Superior de Policía accidental del País Vasco, José Moisés Pérez, el comisario provincial de Policía Nacional en Gipuzkoa, Iñigo Echauri, y el subinspector José Manuel Portela de la Brigada Provincial de Extranjería.
De Andrés ha iniciado su comparecencia recordando a las tres víctimas mortales del tiroteo registrado este pasado jueves en Andorra (Teruel), dos de ellas Guardia Civiles, cuyo presunto autor ya ha sido detenido, y ha puesto en valor la labor que llevan a cabo las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como su "responsabilidad".
En cuanto a la operación policial, ha explicado que la investigación comenzó en agosto de 2016, tras detectarse un "flujo migratorio clandestino de ciudadanos de origen pakistaní en Gipuzkoa", tras lo cual el Gobierno de Pakistán "certificó" que los documentos que estaban usando eran falsos.
La investigación ha servido para detener y poner a disposición judicial a dos cabecillas de una célula asentada en Euskadi, que actuaba sobre todo en Gipuzkoa desde un piso en la localidad guipuzcoana de Beasain, acusada de facilitar documentación falsa a extranjeros de origen paquistaní para obtener, de manera fraudulenta, las Ayudas de Garantía de Ingresos (AGI) y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Según ha apuntado, esta red organizada desde Pakistán introduce, vía Italia, Grecia o Barcelona, a ciudadanos de origen pakistaní en España "de manera clandestina a cambio de dinero", tras facilitarles documentos falsos como pasaportes, certificados laborales o de empadronamiento, les trasladan a Euskadi para que soliciten ayudas sociales que, en "una parte importante, enviaban a la organización a través de locutorios o en origen", tras regresar estas personas a Pakistán.
Portela ha indicado que se estima que con el uso de los 320 expedientes analizados con un total de 331 falsos se habría defraudado, entre 2013 y la actualidad, 3.774.920 euros de los fondos de Bienestar Social de la Diputación de Gipuzkoa y del Servicio Vasco de Empleo Lanbide.
En total son 186 los investigados localizados y detenidos por la Policía Nacional, 163 por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de San Sebastián en Gipuzkoa y otros 23 por los Grupos Operativos de Extranjeros en las Comisarías en otras provincias del Estado.
También se han llevado a cabo detenciones en los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Bilbao cuando alguno de los investigados intentaba abandonar España. Además otros 59 investigados se encuentran en paradero desconocido por lo que la operación sigue abierta. Portela ha indicado que coordina las diligencias el Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián.
"COLABORACIÓN"
De Andrés ha destacado la "colaboración" con la Diputación de Gipuzkoa y Lanbide en esta investigación en la que el principal investigado fue sorprendido con una bolsa en la que portaba documentos falsos a nombre de otros ciudadanos de Pakistán en Beasain y tras comprobar que él mismo hizo uso de un certificado falsificado a su nombre para percibir de la Diputación de Gipuzkoa "al menos la cantidad de 13.690 euros".
Las mismas fuentes han puntualizado que esta persona, junto a otra también de origen pakistaní, vendían certificados de empadronamiento falsos a extranjeros en situación irregular, algunos de los cuales tan siquiera vivían en Euskadi mientras cobraban ayudas sociales en la comunidad autónoma vasca, a cambio de entre 350 y 400 euros en un inmueble de Beasain.
En este sentido, por ejemplo, el pasado 11 de septiembre fue detenido en San Sebastián "un ciudadano de Pakistán que con documentación falsa obtuvo de los servicios sociales forales casi 10.000 euros mientras residía de manera ilegal en Italia".