El letrado Ángel Galindo ha resaltado ante el tribunal que juzga esta pieza que su cliente fue el que denunció el caso, cuando aportó algunas grabaciones que mantuvo con el empresario Francisco Correa y otros acusados, pero ha subrayado que presentar cuestiones previas no "rompe" con el "espíritu de colaboración" que ha tenido Peñas desde el principio.
La defensa del exconcejal de Majadahonda ha denunciado que se ha vulnerado el derecho de su representado a un proceso con todas las garantías porque, cuando declaró como imputado, aunque a petición propia, ante el TSJM no se le leyeron sus derechos constitucionales.
Además, ha defendido que se considere prescritos algunos de los delitos, como el de asociación ilícita o cohecho, y que, por tanto, se retiren de su acusación. La Fiscalía pide para Peñas una seis años y cinco meses de prisión.