En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Becerril ha señalado que en los últimos meses la institución que dirige ha recibido muchos escritos de la Administración General del Estado que responde que las propuestas que les hacen llegar en Educación, Sanidad o pensiones son correctas pero que "no pueden llevarse a cabo por estar en funciones".
La defensora ha asumido que constitucionalmente el Gobierno puede estar en funciones durante tanto tiempo y también que es "algo que puede ocurrir en democracia", pero ha añadido que "llega un momento en el que dices 'esto no puede seguir así'".
Becerril no ha querido entrar a valorar las posibilidades de acuerdo entre los diferentes grupos políticos, pero sí ha subrayado que es de "pura lógica" que, "si hay una mayoría de españoles y de instituciones que dicen que es imprescindible contar con un Gobierno que señale presupuestos, revise pensiones y otras cosas más absolutamente imprescindibles y urgentes", todos los grupos "tienen que permitir que haya un Gobierno".
"No se puede decir que es imprescindible y necesario un Gobierno porque la gente va a empezar a padecer las consecuencias de que no lo haya y, al mismo tiempo, no permitirlo", ha advertido la defensora, que, a renglón seguido, ha dicho que la actual situación no le recuerda en absoluto a la Transición, momento en el que, si bien hubo "muchas lagunas y defectos", fue "un pacto generoso con cesiones y concesiones de unos a otros", algo que "los dirigentes de aquel momento entendieron muy bien y muy pronto".
RECHAZA LAS DEVOLUCIONES MASIVAS
Por otro lado, Becerril se ha referido a algunos de los informes realizados por el Defensor del Pueblo recientemente, entre ellos el relativo al asilo en España, que concluye que el país debe revisar el sistema de acogida de las personas perseguidas por la guerra y el terror, aunque ha señalado que no se trata de introducir cambios sustanciales, porque España es un país "solidario" y que ya acoge a refugiados, sino que se trata de modificaciones en los tiempos y de contar con más personas que se dediquen a la política de asilo.
Con respecto a las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes indocumentados, ha dicho que "se puede devolver a una persona que no reúne las condiciones, que no tiene las necesidades que se requieren o cuando su entrada preocupe por medidas de seguridad", pero que no deben hacerse "devoluciones masivas, en grupo", sino estudiando cada caso "uno por uno".
Con respecto a su informe sobre la prevención de la tortura, la defensora ha dicho que en España "no queda tortura", y ha explicado que la institución visita centros de privación libertad para "aconsejar medidas necesarias para prevenir tortura o malos tratos". En ese punto, al respecto de las supuestas agresiones en la cárcel de Sevilla II, ha señalado que se han estudiado y remitido a Instituciones Penitenciarias las quejas en ese sentido.
En cualquier caso, ha dicho que no se trata de "un caso extendido" y que la "inmensa mayoría" de los funcionarios de prisiones son "competentes, serios y responsables"; mientras que los centros penitenciarios tienen sistemas de videovigilancia y buenos servicios médicos, por lo que ha afirmado que, si bien "todo se puede mejorar", el sistema penitenciario español está "bastante bien" si "se compara con otros muchísimos países".
Becerril también ha hecho un balance por las materias que suscitan más quejas de los ciudadanos y, en ese aspecto, ha destacado que una de ellas es la administración de justicia y los retrasos en los procedimientos judiciales, al tiempo que también preocupan el Impuesto de Bienes Inmuebles o los retrasos en la sanidad. De la misma forma, la institución está especialmente preocupada en el trato que reciben las personas con discapacidad, tanto en las valoraciones y ayudas que necesitan como en la eliminación de las barreras arquitectónicas.
NO RECIBE PRESIONES
Por otro lado, se ha referido a las quejas relacionadas con la banca, como la venta de preferentes, y ha dicho que si bien en esta materia la institución entendió en un primer momento que se trataba de una relación entre una persona y una entidad privada y, por ello, fuera de su ámbito de actuación, al constatar el número de quejas recibidas de parte de ciudadanos sobre lo que creían que era un abuso de algunas cajas de ahorro, se decidió actuar y acudir al Banco de España.
Al respecto de su trato con la banca, Becerril ha dicho que el Defensor del Pueblo no ha recibido presiones ante la posibilidad de que sus investigaciones pudieran poner en riesgo la estabilidad de las finanzas. "Debo decir a favor de la institución, que no se reciben presiones ni de unos ni de otros, ni de la banca ni de los gobiernos", ha concluido.