La CUP ha solicitado este miércoles al juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso 3% --de supuesta financiación ilegal de CDC a través de comisiones-- que les acepte personarse como acusación popular en la causa.
Lo ha hecho a través de una querella presentada ante el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell por los supuestos delitos de financiación irregular de partidos, organización criminal, blanqueo de capitales, soborno, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
La CUP recuerda en su escrito al juzgado que la investigación de la Guardia Civil concluye que "existen indicios del supuesto pago de comisiones a fundaciones de la órbita" de CDC y que hay informes que detallan el supuesto 'modus operandi'.
La querella se dirige contra seis investigados en la causa: el extesorero de CDC Andreu Viloca, el exdirector de Infraestructures.cat Josep Antoni Rosell, y los empresarios Jordi Sumarroca, Josep Manel Bassols, Fèlix Pasquina y Francesc Xavier Tauler.
En declaraciones en el Parlament, la diputada Anna Gabriel ha explicado que "de momento" se han querellado contra estas personas que ya están siendo investigadas, pero que, si hay indicios suficientes, lo harán también contra el exconseller de Justicia Germà Gordó, que ha comparecido este miércoles en comisión parlamentaria sobre la supuesta financiación ilegal de CDC.
Recientemente, el juez del caso 3% pidió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que investigue a Gordó, ya que es el tribunal competente dada su condición de diputado y el juez de instrucción no tiene facultad para hacerlo.
ENMIENDA AL REGLAMENTO
Gabriel también ha dicho que la CUP ha presentado una enmienda al Reglamento del Parlament para que, cuando se abra una investigación judicial a un diputado, sea la Cámara directamente quien lo suspenda tres meses, a la espera de cómo evoluciona el proceso judicial durante ese tiempo.
Si prospera esta enmienda, suspender un diputado ya no dependería de un grupo parlamentario, sino que ya lo establecería la misma Cámara, con lo que ha recordado que, si el TSJC abriera una investigación a Gordó, la decisión de apartarlo ya no dependería de JxSí, sino que lo obligaría el Parlament.