El Consell de Garanties Estatutàries (CGE), órgano consultivo de la Generalitat, ha concluido que el Gobierno central no puede cesar al Ejecutivo catalán en aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, ni limitar las funciones esenciales del Parlament ni adoptar "medidas generales de intervención de la Administración" autonómica.
El Govern pidió un dictamen --recogido por Europa Press-- sobre el acuerdo que puede tomar el Senado para aplicar las medidas acordadas por el Gobierno central en Cataluña basándose en el 155.
El informe también sostiene que las medidas en aplicación del 155 no pueden modificar la distribución de competencias entre Estado y Generalitat, y "no pueden comportar una reforma o modificación de la autonomía".
MEDIDAS PROVISIONALES Y MÍNIMAS
Para el CGE, todas las medidas que pueda acordar el Senado sobre el 155 debe ser de aplicación gradual; provisional o con una vigencia temporal concreta; limitarse a las estrictamente necesarias; estar también acotadas a los ámbitos "imprescindibles para alcanzar el interés constitucional que las justifica"; y no ser sancionadoras.
Además, "deben ser lo menos lesivas posible para la autonomía política" y no pueden impedir que Govern o Parlament puedan interponer recursos de inconstitucionalidad ni conflictos de competencia, precisamente con el dictamen preceptivo previo del propio CGE.
Y añade que la autorización de las medidas del Gobierno central por parte del Senado serán el acto con contenido dispositivo y valor jurídico de ley "que puede ser impugnado ante la justicia constitucional".