Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), los miembros de la Junta Electoral, que se renuevan cada legislatura, han de ser elegidos en los 90 días siguientes a la sesión constitutiva del Congreso, por lo que la nueva composición debería estar lista antes del 17 de octubre.
En la pasada legislatura, que apenas duró cinco meses, los grupos parlamentarios no cumplieron con su obligación legal de renovar a los cinco vocales que corresponde elegir al Congreso. De ahí que el organismo arbitral --presidido por el magistrado Carlos Granados--que se encargó de revisar los comicios del pasado 26 de junio fuera el mismo que el de la cita del 20 de diciembre.
Ahora podría repetirse esta situación en caso de que finalmente hubiera que disolver las Cortes el próximo 31 de octubre, fecha en la que expira el plazo preceptivo para la convocatoria electoral, no se haya investido un presidente.
EL CGPJ SÍ HIZO SUS DEBERES
De los 13 vocales que componen Junta Electoral, ocho son magistrados del Tribunal Supremo, a los que elige por sorteo el Consejo General del Poder Judicial --entre ellos el presidente y vicepresidente de la Junta--, y cinco son catedráticos en activo de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología designados a propuesta conjunta de los grupos parlamentarios del Congreso.
En la breve legislatura del primer semestre del año, el órgano de gobierno de los jueces hizo sus deberes procediendo al sorteo de los ocho vocales que le corresponde elegir para la JEC. No obstante, ninguno de ellos llegó a ocupar su plaza porque la renovación de la Junta Electoral se debe hacer conjuntamente y los grupos parlamentarios no designaron a sus cinco candidatos.
De hecho, ni siguiera los grupos plantearon la conveniencia de sustituir a sus miembros. Pasados los 90 días sin propuestas, la Mesa del Congreso, oída la Junta de Portavoces, podría haber procedido a designar a los cinco catedráticos atendiendo el reparto de escaños, pero tampoco cumplió con este cometido.
PP, PSOE Y CIU SE REPARTIERON LOS VOCALES
El PP, el PSOE y CiU se repartieron los cinco puestos reservados para juristas en la actual JEC. Los 'populares' propusieron a dos de ellos, el catedrático Alfonso de Esteban Alonso y el entonces rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González Trevijano Sánchez; los socialistas a otros dos (Pablo Santolaya Machetti y Carmen Chinchilla Martín), mientras que los nacionalistas catalanes plantearon a Joan Manuel Trayter Jiménez.
De los cinco vocales de la Junta Electoral Central, González Trevijano fue designado por el Gobierno de Mariano Rajoy para el Tribunal Constitucional, con lo que su plaza fue ocupada por Raúl Canosa Usera. En diciembre de 2015, falleció Santolaya, puesto que ha quedado vacante desde entonces.