Durante su defensa del decreto, De Guindos ha afirmando que es un texto que "supone una respuesta urgente y paliativa a las situaciones más dramáticas".
"Tenemos que ser conscientes de que no se pueden adoptar medidas que alternen el diseño normal de nuestro sistema normativo, basado en el principio de propiedad patrimonial universal, que ha permitido el acceso de muchas personas a una vivienda. Debemos encontrar el equilibrio para no convertir el crédito o el acceso a la vivienda en un privilegio al que algunos no pudieran acceder", ha defendido.
Código de buenas prácticas
De Guindos también ha avanzado que hasta 120.000 familias cumplen los requisitos económicos y familiares estipulados para poder acogerse a la moratoria, y ha avanzado datos del Código de Buenas Prácticas del pasado mes de marzo, que ya preveía medidas de reestructuración de la deuda e incluso de la dación en pago.
En concreto, ha dicho que de las 101 entidades adheridas sólo 28 recibieron 278 solicitudes durante el primer trimestre de aplicación (de abril a junio). De ellas, 44 acabaron en una reestructuración y ocho en dación en pago, mientras el resto fueron rechazadas por no cumplir las condiciones.
Por su parte, entre julio y septiembre "se muestra un claro aumento del número de casos tratados", con hasta 722 solicitudes nuevas, de las que 604 se han resuelto, 127 de ellas con reestructuración de la deuda y 34 con dación en pago.
La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha afirmado que el decreto ley antidesahucios "no paraliza ningún desahucio", sino que sólo retrasa dos años la ejecución hipotecaria y que las familias se queden sin casa, acusando al Gobierno de aprobar más bien una moratoria para "evitar tener en el telediario durante dos años situaciones dramáticas de expulsiones" de sus viviendas.
Así lo ha expresado la diputada durante el debate de convalidación del decreto ley, contra el que los socialistas votarán además de presentar una enmienda de totalidad con una propuesta alternativa para hacer frente a asuntos como los intereses de demora, las quitas o los porcentajes de adjudicación de las viviendas a los bancos para que a los ciudadanos no les quede deuda pendiente.
"Hemos tratado de negociar, pero lo que traen no llega ni a la clasificación de urgente necesidad, porque han sido tan restrictivos en la delimitación de los beneficiarios que dejan las medidas sin contenido", ha lamentado la socialista, reclamando que no se retrasen las ejecuciones hipotecarias sino que se fomenten las renegociaciones de las hipotecas para que "las familias puedan pagar y mantener el uso y propiedad de su vivienda".
Finalmente, el decreto se ha aprobado con los 185 votos a favor del PP y de UPyD, las abstenciones de Foro Asturias (FAC) y CC-NC, y el rechazo de los 146 diputados del resto de grupos.