Además, según recoge la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), tendrán que indemnizar conjuntamente a la víctima con 4.000 euros por el daño moral causado.
La víctima, de nacionalidad nigeriana, era obligada a ejercer la prostitución para pagar a quienes la habían traído a España y a consecuencia de esta actividad la mujer se quedó embarazada mientras ejercía la prostitución en Palma de Mallorca. Debido a que esta situación impediría a la joven prostituirse durante varios meses y, por lo tanto, "dejar de pagar su deuda", las mujeres que la retenían, actuando todas de común acuerdo, la golpearon y pegaron en varias ocasiones, según ha considerado probado el juez, y la obligaron a abortar, pese a que ella quería continuar con su embarazo y estando en estado desde hacía más de 18 semanas.
Asimismo, le indicaron que "estaba obligada a abortar, sin perjuicio de obligarla a seguir prostituyéndose" mientras estaba embarazada y hasta que abortara; además de aumentarle la deuda en 15.000 euros como castigo.
La joven terminó por firmar los documentos para la realización del aborto pero "sin que realmente prestara su consentimiento libremente, puesto que ya había sido golpeada" previamente por las acusadas, así como amenazada con causarle a ella o a miembros de su familia males físicos. Antes de salir de Nigeria, la víctima había sido obligada a realizar a un rito de vudú para someterla psicológicamente a las acusadas, a la par de atemorizarla ante cualquier acto que la testigo pudiera hacer y que pudiera desvelar las acciones que las acusadas le obligaban a realizar.