Conde-Pumpido se ha referido a este asunto durante su intervención en un desayuno informativo organizado por la revista Vanity Fair en el que ha recordado todo el periplo judicial del caso por la muerte de 62 militares en mayo de 2003.
Ha recordado que a criterio de la Fiscalía cuando él era su principal responsable la causa se dividió en dos partes. La correspondiente a los problemas de identificación de los cadáveres llevó a la condena de los responsables, si bien el posterior indulto del Gobierno fue una decisión política en la que no ha querido entrar; mientras que la referida a la posible negligencia en la contratación del Yakolev concluyó en archivo pese a haber sido impulsada por el Ministerio Público.
En el momento en el que él dejó la Fiscalía las conclusiones eran que Defensa utilizó los fondos en la contratación de los aviones si bien se produjeron después una serie de subcontratos por los que el avión "al final era más barato".
El instructor de la causa, el actual presidente de lo Penal en la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, no vio responsabilidad penal y archivó el procedimiento en 2012 y esta decisión fue confirmada por la Sala, el Supremo y el Constitucional.
"NUNCA VIMOS RESPONSABILIDAD EN EL MINISTRO"
En este punto del relato, el magistrado del Supremo ha recordado que la Fiscalía "en ningún momento vio responsabilidad por parte del ministro Federico Trillo" y que a su juicio y dado el tiempo transcurrido no ve factible desde el punto de vista penal esta conclusión pueda ser ahora revisada. Además, ha recordado que en Zaragoza tuvo lugar un procedimiento civil que concluyó en indemnizaciones para las víctimas.
Sobre el criterio del Consejo de Estado, Conde-Pumpido ha señalado que "habla de cierta responsabilidad politica" pero descarta responsabilidad patrimonial por parte del Estado, por lo que "la compensación es ahora de carácter moral para resarcir a las víctimas" y así lo ha asumido el Gobierno. "Desde el punto de vista judicial el asunto está zanjado", ha insistido.