El diputado de Compromís Ignasi Candela ha llevado este asunto a la Cámara Baja a través de varias preguntas parlamentarias para "esclarecer los motivos por los que el Gobierno de Mariano Rajoy autoriza mediante la Secretaría de Estado de Comercio la exportación de material militar a países que no ratifican los acuerdos de derechos humanos", según ha informado la coalición en un comunicado.
Entre estos pactos, ha destacado el Protocolo facultativo de la convención contra la tortura, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, o los tratados firmados en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas.
El portavoz de Compromís ha subrayado en la petición que el Gobierno "debe dar explicaciones sobre los motivos por los cuales se ha aprobado la comercialización de material militar a países como Arabia Saudí, Bahréin, Catar, Israel o Emiratos Árabes", todos "denunciados en múltiples ocasiones por las ONG y la comunidad internacional por violar de manera sistemática los derechos humanos".
Ante esta situación, ha denunciado el "incumplimiento" del Gobierno del artículo 8 de la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, que establece que "el comercio de queda denegado cuando el país no garantiza que el material pueda ser utilizado de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano" o "con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos".
Asimismo, ha resaltado que el precepto también prohíbe la venta de armas "cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad".
Con todo ello, el diputado de Compromís ha reivindicado que "no se puede permitir que el Ejecutivo continúe incumpliendo los acuerdos internacionales en temas tan importantes como la defensa de los derechos humanos".
PIDE ADECUAR LA LEY
Además de pedir explicaciones del Gobierno central por este incumplimiento, la coalición le ha instado en las preguntas registradas en el Congreso a que adecue la legislación española al Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) --ratificado por España en 2013--, con el objetivo de que "quede reflejada la prohibición absoluta de exportación de armas cuando exista un riesgo sustancial de que se emplean para facilitar o cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario".