De profesión, diputado. ¿Algo más que añadir? Dos de cada tres de los diputados elegidos respondió afirmativamente a esta pregunta al inicio de la pasada legislatura. Aunque la ley establece que el trabajo es de dedicación exclusiva, también admite una serie de excepciones que se han terminado convirtiendo en norma, muy a pesar de los últimos presidentes del Congreso.
En la mayoría de los casos se solicita compatibilidad para dar conferencias, seminarios, impartir clases en la Universidad y acudir a tertulias. Pero también hay diputados que piden seguir ejerciendo la abogacía, administrar empresas o realizar actividades de consultoría. Las sociedades de los populares Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna no son en absoluto un caso aislado. Tampoco son ellos los dos primeros diputados que han proporcionado información insuficiente o incompleta a la cámara.
El primer filtro para obtener la compatibilidad de otras actividades es la Comisión del Estatuto de los Diputados, presidida por Aurelio Romero de Girón en esta última legislatura. Precisamente Romero es uno de los populares que compagina su cargo de diputado con la abogacía. La Comisión suele aprobar las peticiones de los parlamentarios recordándoles las limitaciones, fundamentalmente dos: No pueden realizar negocios o asesorar a empresas públicas. No pueden invocar a su condición de parlamentario ni menoscabar su dedicación parlamentaria para la realización de esas actividades privadas.
El segundo filtro es el Pleno del Congreso, que suele aprobar la propuesta de autorización de la Comisión. Así fue como se tramitó la compatibilidad de Patrono de FAES que solicitó Mariano Rajoy (no aclara el Presidente del Gobierno como otros populares presentes en la Fundación si cobra o no), las clases en la Universidad Camilo José Cela del socialista Pedro Sánchez y las tertulias con remuneración “(si la televisión es privada”) que solicitó Alberto Garzón de Izquierda Unida.
A lo largo de la legislatura los diputados deben comunicar cambios respecto a estas actividades declaradas en el inicio. Muchos diputados del PSOE modificaron su declaración de actividades cuando Pedro Sánchez llegó a la secretaría general del partido. Una gran parte aclaró que sus trabajos extra no tenían remuneración o incluso renunciaron a todos ellos, como el propio Sánchez.
Pero no existe un seguimiento para comprobar que realmente los diputados están cumpliendo las limitaciones que establece la ley en esas actividades privadas. El problema también es que las compatibilidades se conceden sin grandes problemas y si surge algún error o duda razonable, no termine sucediendo nada. Sirvan como ejemplo estas “contradicciones” entre lo que se declara como otra actividad y lo que se hace.
Ricardo Tarno Blanco, Partido Popular
Solicitó permiso al ser elegido a finales de 2011 para seguir siendo consejero de una empresa de viajes (CMC Viajes SA), “cuyo objeto social es la organización de viajes, congresos, etc, sin recibir remuneración, salvo gastos de asistencia a los consejos”. Este diputado además, como alcalde de la localidad sevillana de Mairena de Aljarafe (puesto por el que no cobraba), ostentaba una serie de cargos en varias sociedades. Pero no los comunicó en su primera declaración. Lo hizo al cabo de los meses. Una de las empresas de las que era presidente, en su condición de alcalde aclaraba el diputado, era “Sociedad para el desarrollo económico y fomento del empleo SA”. Su actividad, a pesar del nombre, era la de una inmobiliaria.
A los pocos días Tarno tuvo que aclarar a la Comisión del Estatuto del Diputado que había iniciado los trámites para cambiar los estatutos y poder renunciar a la presidencia de esta empresa. Esas modificaciones tardaron en llegar. El diputado siguió ejerciendo el cargo hasta octubre de 2015, tres años más. En la actualidad figura como apoderado solidario.
José María Beneyto, Partido Popular
Solicitó la compatibilidad para seguir ejerciendo de abogado en el despacho “Gómez Acebo y Pombo” . En 2014 pidió permiso para compaginar además su labor de socio y presidente de la sociedad de nueva creación Zechman Partners. Lo que no comunicó Beneyto en ninguna otra declaración es que desde el 1 de septiembre de 2014 era el administrador único de otra empresa de consultoría: Link Advisory Economics.
Agustín Conde Bajén, Partido Popular
Al inicio de la legislatura solicitó la compatibilidad para ser abogado y administrador único de Asesoría jurídica “Conde y Esteban SL”, cuyo objeto social decía era: “asesoría jurídica” (en el registro Mercantil figura otro: Otras actividades profesionales, científicas y técnicas). Esta empresa se creó en 1999.
El diputado sin embargo no informó hasta mediados de 2015 que era administrador único de otra sociedad: Eco-Witt desde que se creó en
2012. Cuando se descubrió, Conde Bajén envió una carta a la Comisión del Estatuto del Diputado en la que argumentaba que no había informado
de este cargo porque entendía que entraba dentro de su condición de abogado. Aunque insistía en que todo era legal, dimitió de sus cargos antes de informar al Congreso de Eco-Witt.
No aprovechó la ocasión Conde Bajén para comunicar que era apoderado de dos empresas del Santander, desde 2013 y 2014. Lo hizo días después a petición del Partido Socialista. Esta vez el diputado explicó que se limitó a actuar como abogado y que no consideraba relevante revelar la identidad de sus clientes.
Vicente Martínez Pujalte, Partido Popular
Diputado, economista ejerciente y administrador único de Sirga XXI Consultores SL. La empresa la creó siendo diputado en la oposición en el año 2008. Durante años cobró de la constructora Collosa, especializada en obra pública, por labores de asesoría. Este mismo año se abrió una investigación, a la que inicialmente el PP se opuso, que se cerró sin mayores consecuencias. Pero el pasado verano, Pujalte decidió liquidar Sirga XXI. En esta sociedad también había participado
la diputada popular Ana Torme Pardo (natural de Valladolid, como la constructora Collosa). Federico Trillo, hoy embajador en Londres, también recibió pagos por asesorar a esta constructora mientras era diputado. Su exitosa empresa “Estudio Jurídico Labor” también pasó el
filtro de compatibilidades del Congreso.
De los 350 diputados que tomaron su cargo en esta última legislatura solo 59 declararon no ostentar ningún cargo ni ejercer ninguna actividad. En otros 62 casos la Comisión del Estatuto de los Diputados se limitó simplemente a tomar conocimiento de renuncias y bajas de plazas de funcionario. 229 diputados pidieron permiso para compatibilizar el cargo con otras actividades. La más solicitada fue la de conferenciante y tertuliano (74 peticiones) seguida de la de
abogado (33 solicitudes).